Uruguay está conmocionado tras el trágico final de una intensa búsqueda que se extendió durante varios días. Este viernes, la Policía confirmó el hallazgo sin vida de los dos hermanos de 2 y 6 años que habían sido sustraídos por su padre de forma violenta en el departamento de Soriano. Los cuerpos de los menores fueron encontrados en el arroyo Don Esteban, en el departamento de Río Negro, junto al cadáver de su progenitor, Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años.
Según informó Infobae, el hombre, que estaba siendo buscado por la Justicia por un caso de violencia doméstica e incumplimiento de medidas cautelares, había retirado a los niños de su hogar el pasado miércoles sin autorización. A partir de entonces, se activó un operativo de búsqueda nacional que involucró a varias fuerzas de seguridad y organismos estatales. La confirmación de los fallecimientos generó una profunda tristeza y repudio en todo el país.
El Ministerio del Interior de Uruguay informó que el Comando de la Dirección de la Policía Nacional se hizo presente en el lugar del hallazgo, liderando las acciones junto con unidades operativas especializadas. En el caso intervinieron las Jefaturas de Policía de tres departamentos, la Dirección Nacional de Aviación Policial, la Dirección General de Hechos Complejos, la Policía Caminera y otras áreas clave en operativos de rastreo.
También participaron la Guardia Republicana con su plantel de perros, la Dirección Nacional de Bomberos, la Prefectura Nacional y el Ministerio de Defensa Nacional, que puso al Ejército uruguayo a disposición. La coordinación entre estos organismos permitió intensificar la búsqueda durante las últimas 72 horas, hasta que finalmente se dio con el lamentable desenlace en la zona del arroyo.
Desde el inicio del hecho, la madre de los niños había utilizado las redes sociales para pedir ayuda desesperadamente. A través de un video, había expresado su angustia y suplicado colaboración ciudadana para encontrar a sus hijos. El caso generó un fuerte impacto social en Uruguay y reabrió el debate sobre los protocolos de protección ante casos de violencia familiar, especialmente cuando hay antecedentes judiciales y menores involucrados.