La muerte de un niño de 4 años en Chubut desató una fuerte conmoción y activó una investigación que apunta no solo a responsabilidades directas, sino también a posibles fallas del sistema de protección estatal. El procurador general Jorge Miquelarena confirmó que se avanzará con un análisis exhaustivo tras el fallecimiento de Ángel en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.
El menor había sido llevado al centro de salud por su madre, Mariela Altamirano, quien tenía su custodia por disposición de la Justicia de Familia. A partir de este hecho, el foco está puesto en determinar si hubo omisiones o negligencias por parte de los organismos encargados de resguardar sus derechos.
Investigación integral: apuntan a toda la cadena de responsabilidades
El procurador, según informó el diario El Patagónico, dejó en claro que la investigación no se limitará a los posibles responsables directos, sino que abarcará a todos los actores que intervinieron en el seguimiento del caso del niño. Esto incluye áreas del Ministerio Público Fiscal, así como organismos vinculados a la defensa de los derechos de la niñez, que desde hace tiempo vienen siendo cuestionados.
El objetivo es establecer si existieron fallas estructurales que hayan contribuido al desenlace, evaluando cada intervención en el historial del menor. En este sentido, Miquelarena fue contundente al señalar que se analizará “toda la línea de responsabilidades”.
Medidas urgentes y posibles consecuencias penales
En paralelo, ya se comenzaron a realizar las primeras diligencias judiciales. Entre ellas, el secuestro de elementos clave en la vivienda, como teléfonos celulares, con el fin de preservar evidencia. Tanto la madre como su pareja fueron localizados, aunque se retiraron del lugar por temor a posibles represalias.
El procurador remarcó la importancia de respetar los tiempos procesales y explicó que uno de los pasos fundamentales será contar con los resultados de la autopsia o, al menos, con un informe preliminar que permita determinar si hubo delito.
En caso de confirmarse un homicidio, advirtió que las penas podrían ser extremadamente severas, incluso con la posibilidad de prisión perpetua.
Además, se evaluará la actuación de organismos como el fuero de Familia, el Equipo Técnico Interdisciplinario y la Defensa Pública, tanto en el plano judicial como administrativo. La investigación buscará determinar si una intervención estatal más eficaz podría haber evitado el trágico desenlace, en un caso que generó fuerte impacto a nivel nacional.
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