La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) lanzó una fuerte advertencia sobre la situación del transporte público en el interior del país, al asegurar que atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente.
A través de una carta abierta dirigida a autoridades nacionales, provinciales y municipales, la entidad planteó un escenario complejo que, de no revertirse, podría afectar seriamente la prestación del servicio.
Según expuso la organización, el problema no responde a una coyuntura puntual, sino a un proceso de deterioro que se viene profundizando con el paso del tiempo. En ese marco, alertaron que existe el riesgo concreto de que se reduzcan frecuencias, desaparezcan líneas completas y se pierdan miles de fuentes laborales vinculadas al sector. Todo esto impactaría directamente en millones de usuarios que dependen del transporte público para sus actividades diarias.
Un sistema presionado por múltiples factores
Entre las principales causas, la FATAP mencionó incumplimientos en el envío de compensaciones estatales, el incremento sostenido de los costos operativos y una caída en la cantidad de pasajeros transportados. A esto se suman, indicaron, la expansión de beneficios tarifarios sin financiamiento definido y el crecimiento del transporte informal, que compite sin controles adecuados.
Otro punto crítico señalado es la desigualdad en la distribución de subsidios entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y el resto del país, lo que profundiza las asimetrías y debilita el sistema en las provincias. Además, remarcaron la ausencia de políticas públicas de largo plazo que permitan planificar y sostener el servicio.
Pedido urgente al Estado
En este contexto, la federación advirtió que en varias jurisdicciones el precio del boleto se ha convertido en la única variable de ajuste para sostener la actividad, trasladando el peso económico a los usuarios. Frente a este escenario, reclamaron la creación inmediata de una mesa de trabajo permanente que incluya a todos los niveles del Estado.
El objetivo, señalaron, es avanzar en un esquema que garantice financiamiento estable, reglas claras y una estrategia integral para el transporte. “El transporte público no puede esperar más”, sostuvieron, al advertir que su deterioro compromete el acceso a derechos esenciales como la educación, el trabajo y la integración social.
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