En una jornada marcada por fuertes discusiones, los bloques opositores de la Cámara de Diputados lograron imponer su mayoría y aprobar un dictamen para declarar la emergencia en discapacidad hasta el final del gobierno de Javier Milei. La propuesta, que buscará sancionarse el próximo 14 de mayo, tiene como objetivo actualizar las prestaciones vinculadas a la discapacidad de acuerdo con el índice de inflación y destinar más presupuesto para cubrir los tratamientos.

La reunión en la que se firmaron los dictámenes de mayoría y minoría no contó con la presencia de la mayoría de los diputados libertarios, incluidos José Luis Espert. A pesar de esto, los titulares de las comisiones involucradas en la discusión, como Daniel Arroyo (UP), Pablo Yedlin (UP) y Carlos Heller (UP), lideraron el plenario, y el dictamen de mayoría fue respaldado por sectores como Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica y la izquierda. En contraparte, el PRO, la UCR y Democracia para Siempre (DPS) presentaron dictámenes de minoría, destacando diferencias sobre el tiempo de la emergencia, la auditoría de pensiones y el aumento retroactivo de las prestaciones.

El dictamen de mayoría plantea una compensación a partir de diciembre de 2023 hasta diciembre de 2024, basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por su parte, los sectores opositores, como el PRO, optan por una actualización sin declarar la emergencia, mientras que la UCR aboga por un plazo más corto para la emergencia. A pesar de las diferencias, se espera que el gobierno intente llegar a consensos con los bloques de la UCR y DPS para garantizar la aprobación del proyecto con un amplio respaldo en el Congreso.

Durante el plenario, el diputado Daniel Arroyo subrayó la crítica situación que atraviesan las personas con discapacidad, especialmente por la falta de aumentos en las prestaciones durante este año. Además, mencionó que la auditoría propuesta por el gobierno debe ser implementada correctamente para evitar complicaciones para quienes realmente necesitan los beneficios. De acuerdo con los legisladores, la iniciativa busca asegurar una compensación justa y evitar más perjuicios a un sector que ya atraviesa dificultades económicas y sociales.