El Papa Francisco aceptó la renuncia de Monseñor Carlos María Domínguez, obispo de San Rafael, tras una denuncia por abuso sexual. El sacerdote José Álvarez, vocero del Obispado, explicó en MDZ Radio 105.5 FM que el proceso se rigió por el derecho canónico, destacando que “el protocolo actual se ha ido reformando a medida que aprendimos sobre esto. Para la Iglesia esto es nuevo, muy traumático, pero gracias a Dios se ha tomado el toro por las astas y se ha ido corrigiendo“.
Álvarez resaltó que en la cronología de los hechos Carlos María Domínguez “presentó la renuncia y el Papa se la aceptó. Pero hay un punto antes: el “Papa le pidió la renuncia. El protocolo en este sentido lo exige“. Ante la denuncia presentada el 3 de febrero, se activó dicho protocolo que exige la intervención de un especialista en derecho canónico, quien debe “tomar la declaración e instruir la causa“.
Este proceso busca “sustentar la veracidad de lo que se le dice“, ya que “una denuncia podría hacerse simplemente para hacer daño”. El instructor concluyó que las denuncias eran válidas, lo que llevó al Tribunal Especial de Roma a comunicar la situación al Papa, quien exigió la renuncia de Domínguez. “Si él no quisiera renunciar, se lo destituye. No hay vuelta en esto“, afirmó Álvarez.
El vocero también aclaró que, aunque Domínguez presentó su renuncia previamente por “cuestiones de índole personal”, fue el Papa quien le exigió formalmente que lo hiciera tras conocerse la denuncia. “Él renunció al cargo que ostentaba ahí en San Rafael y no tiene otro cargo. No se cambió por otro cargo. No tiene ningún cargo“, señaló.
Respecto al proceso judicial canónico, Álvarez explicó que Domínguez se encuentra en Roma para ejercer su defensa, ya que “en la Iglesia existe el principio de inocencia”. Sin embargo, destacó que el exobispo “no se comunica porque no debe hacerlo, porque cualquier cosa podría estar influyendo sobre la víctima. Es como una especie de prisión domiciliaria”.
En cuanto a las posibles sanciones, el sacerdote indicó que estas dependen de la gravedad de los delitos y pueden incluir desde la excomunión hasta la dimisión del estado clerical, lo que equivale a una expulsión. “Las sanciones en la Iglesia no son meramente vindicativas, sino medicinales. Se pretende la conversión del reo“, afirmó.
Por último, Álvarez destacó que el Obispado de San Rafael está ahora bajo la administración de un delegado apostólico enviado por el Papa, quien asumió el cargo tras ser recibido por el Colegio de Consultores. “Ahí queda formalmente y canónicamente a cargo hasta que el Papa elija al obispo que quede permanente“, concluyó.
Fuente: MDZ