El Senado convirtió en ley el proyecto que otorga y actualiza fondos a las universidades nacionales por 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, y otorgó un duro golpe al gobierno de Javier Milei, que rechazaba esa iniciativa.
La iniciativa -que cosechó adhesiones en Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), parte del PRO y bloques provinciales– fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y eleva el presupuesto al 1 por ciento del PBI.
A la decena de rechazos, además de los seis libertarios, se plegaron dos senadores del PRO, Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) y Martín Goerling (Misiones), la senadora de la UCR Carolina Losada (Santa Fe) y formoseño Francisco Paoltroni (Formosa).
Dos de las abstenciones también las aportó el partido amarillo con Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) y el salteño Juan Carlos Romero (Salta).
También otorga una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes. El dictamen que tuvo luz verde establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.
Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica, actividades de Extensión Universitaria.
Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el Gobierno compensará las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre del 2023 a la fecha de sanción de la ley y que exista luego una actualización bimestral no menor a la variación del índice de Precios al Consumidor.
Otro de los puntos que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas.
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitirá al Congreso los informes producidos y el plan de seguimiento y control.
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