La Justicia federal avanza rápidamente en la causa que investiga presuntos pagos de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), tras la filtración de audios comprometedores. El foco está puesto sobre el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, y otros funcionarios, luego de que se secuestraran teléfonos, documentos y dinero en efectivo durante una serie de allanamientos realizados el viernes pasado.

Según publicó este domingo diario La Nación, entre los dispositivos incautados hay dos teléfonos de Spagnuolo —uno de ellos hallado en su auto cuando intentaba irse—, un celular del funcionario Daniel Garbellini, quien sí entregó su clave de acceso, y otro del empresario Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina. A este último se lo encontró en Nordelta intentando retirarse con más de 260 mil dólares, además de otros $7 millones y 50 mil dólares secuestrados en su entorno familiar.

El caso, que surgió por la difusión de audios que hacen referencia al supuesto cobro de sobornos y mencionan incluso a Karina Milei, hermana del presidente, generó conmoción en el oficialismo. Aunque la Casa Rosada busca minimizar el hecho atribuyéndolo a una “operación política”, la Justicia avanza con peritajes sobre computadoras y celulares, considerados “un tesoro” en causas de corrupción, según fuentes judiciales.

Spagnuolo no quedó detenido. Foto: Infobae

El fiscal Franco Picardi, a cargo del expediente, trabaja junto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para detectar posibles irregularidades en la compra de medicamentos. La investigación apunta a determinar si hubo licitaciones direccionadas, cartelización o sobreprecios, con el fin de beneficiar a Suizo Argentina u otras firmas involucradas.

Los dispositivos secuestrados fueron enviados a la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal), donde ya se comenzó a extraer información clave. También se peritarán computadoras utilizadas por Spagnuolo, Garbellini y personal del área de Acceso a los Servicios de Salud, en busca de rastros de maniobras ilegales dentro del organismo.

Hasta ahora, ninguno de los implicados fue detenido ni citado a declarar, aunque se evalúa la posibilidad de recibir a imputados colaboradores si alguno decide acogerse a la figura del arrepentido. Mientras tanto, la Justicia sigue tras la pista de Jonathan Kovalivker y su padre, quienes figuran como directivos de la empresa y se encuentran prófugos tras escapar antes de los allanamientos.