El juicio por la expropiación de YPF sumó un nuevo revés para la Argentina. Este lunes, la jueza del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, rechazó el pedido del Gobierno para suspender la transferencia del 51% de las acciones de YPF, actualmente en manos del Estado, a los fondos Burford Capital y Eton Park.
Este fallo representa una nueva derrota en el litigio por la expropiación de la petrolera, por la cual la Justicia de Estados Unidos condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones. Hace dos semanas, Preska ordenó al Estado argentino entregar parte de ese paquete accionario como forma de pago, pero el Gobierno intentó frenar esa medida con una apelación ante la Corte de Apelaciones.
En su resolución, Preska criticó con dureza la estrategia legal argentina:
“La República ha abusado de las concesiones del Tribunal y, por lo tanto, no se le otorgarán concesiones adicionales. Continúa demorando y eludiendo sus obligaciones derivadas del fallo que sigue vigente”, argumentó la magistrada.
Además, recordó que en enero de 2024 la Argentina debió haber presentado una garantía para evitar embargos, algo que no cumplió.
Foto NA: STROSE zzzz
Qué puede pasar ahora con las acciones de YPF
Con la decisión de la jueza, se abren ahora dos caminos posibles para la Argentina:
- La Cámara de Apelaciones podría rechazar definitivamente la entrega del paquete accionario.
- O bien, concederle al país una suspensión temporal de la transferencia, hasta que haya una resolución final sobre la apelación.
- Desde el Gobierno trabajan a contrarreloj para evitar la entrega de las acciones. El subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, sigue el caso en Nueva York. En declaraciones a TN Central, afirmó:
“Vamos a ir a la Cámara de Apelaciones no solo para que deje sin efecto la decisión de entrega de las acciones, sino también para que se suspenda de inmediato esa medida hasta que se pronuncie sobre la apelación”, expresaron las fuentes.
Por el momento, no hay fecha definida para el pronunciamiento de la Cámara, lo que mantiene en vilo al Ejecutivo y suma presión sobre el equipo legal argentino.
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