El Gobierno nacional todavía no activó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pese a que ya fue confirmada por el Congreso luego del intento de veto presidencial. Javier Milei había rechazado la norma con el argumento de que generaría un gasto fiscal difícil de sostener, pero ambas cámaras anularon esa decisión y convalidaron su vigencia.
Desde la Casa Rosada analizan distintas estrategias para demorar la aplicación de la medida. Entre las opciones se menciona la posibilidad de recurrir a la Justicia, introducir modificaciones en la reglamentación o directamente frenar la puesta en marcha hasta que haya un pronunciamiento judicial frente a los reclamos opositores.
Los equipos técnicos del Ejecutivo, encabezados por la Procuración del Tesoro y con el asesoramiento del entorno de Santiago Caputo, discuten cómo implementar la norma bajo un criterio de “ajuste presupuestario”. Sin embargo, la ley establece de manera explícita que la reglamentación debe publicarse dentro de los 30 días posteriores a su sanción, plazo que ya comenzó a correr.
Uno de los aspectos más controvertidos es la extensión de las pensiones no contributivas a todas las personas con Certificado Único de Discapacidad. Actualmente, existen cerca de 1,9 millones de beneficiarios que, según lo aprobado, tendrían derecho a cobrar el 70% de la jubilación mínima junto con un bono mensual de 70 mil pesos.
El diputado Daniel Arroyo, impulsor del proyecto, advirtió que el Ejecutivo no tiene margen para desconocer la obligación legal. Según expresó, la Agencia Nacional de Discapacidad debe iniciar de inmediato los mecanismos de aplicación, dado que “una ley es de cumplimiento obligatorio y no un tema a elección del Gobierno”.
En la misma línea, Oscar Agost Carreño, legislador de Encuentro Federal, apuntó contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien responsabilizó por la falta de avance. El dirigente señaló que, si no cumple con la reasignación de partidas que exige la ley, el Congreso puede interpelarlo o incluso recurrir a una moción de censura, mecanismo constitucional que habilita su remoción del cargo.
Noticias relacionadas
Cañones antigranizo: a 9 meses de la reglamentación de la Ley en San Juan, ninguna empresa se registró
Brutal choque frontal en San Juan: uno de los conductores estaba ebrio
Monseñor Lozano: “Hoy tu ayuda es esperanza viva”
