La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció que iniciará acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, una norma que fue promulgada pero suspendida por decisión del Gobierno. La medida fue aprobada por resolución unánime del Consejo Superior de la casa de estudios.
Según informaron oficialmente, la presentación judicial buscará que el Ejecutivo libere los fondos presupuestarios que establece la ley y cumpla con sus obligaciones constitucionales en materia de educación pública.
Reclamo judicial y cuestionamientos al Gobierno
Tras la decisión del Consejo Superior, la UBA resolvió acudir a la Justicia “para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y la plena vigencia de los derechos constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática”.
Aunque el Gobierno promulgó la ley, postergó su aplicación hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento. Para la UBA, esto constituye una maniobra irregular. En su resolución, la institución advierte:
“Este decreto que promulga formalmente pero suspende materialmente la ejecución de la ley altera el sistema republicano de frenos y contrapesos y quebranta la voluntad del Congreso”.
Además, sostiene que la suspensión vulnera derechos constitucionales al impedir el financiamiento universitario y la recomposición salarial prevista en la norma para docentes y no docentes.
Crisis presupuestaria universitaria y fuerte advertencia
La universidad alertó que el sistema educativo superior atraviesa “una crisis presupuestaria sin precedentes”. Señaló que la prórroga del Presupuesto 2023 quedó “desfasada por la inflación” y que durante todo 2024 los salarios universitarios perdieron más del 40% de poder adquisitivo.
En lo que va de 2025, denuncian que las recomposiciones salariales “fueron muy inferiores a la inflación”, profundizando el deterioro del sistema universitario nacional.
La UBA remarcó que la ley en cuestión fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso y tiene como objetivo garantizar el financiamiento de las universidades nacionales y sostener:
- Salarios docentes y no docentes
- Becas estudiantiles
- Obras de infraestructura
- Carreras estratégicas
- Actividades académicas
La casa de estudios fue tajante: “La no ejecución de esta ley es un ataque directo a la Universidad Pública Argentina, uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad”.
La presentación judicial será formalizada en los próximos días, mientras el conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno suma un nuevo capítulo.
