El Gobierno Nacional decidió suspender momentáneamente la auditoría que se estaba llevando adelante sobre las pensiones por discapacidad en todo el país, en medio de una investigación interna sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo que estaba a cargo del operativo. La medida fue tomada tras la intervención del organismo y la difusión de audios de su entonces director, Diego Spagnuolo, en los que reconocía una presunta trama de corrupción en la compra de medicamentos.
Según informó Infobae, la decisión la tomó el nuevo ministro de Salud, Mario Lugones, quien reporta semanalmente los avances del caso en la Casa Rosada ante el asesor presidencial Santiago Caputo. Mientras se realiza una inspección exhaustiva sobre el funcionamiento interno de la ANDIS, se frenaron las citaciones y controles presenciales que estaban en marcha sobre los más de 1 millón de beneficiarios que reciben pensiones por invalidez laboral.
Hasta el momento, la agencia había dado de baja un total de 128.667 pensiones, en su mayoría por irregularidades detectadas durante la gestión del ahora desplazado Spagnuolo. De ese total, 110.522 correspondían a casos con documentación duplicada o inconsistente, como radiografías o estudios médicos idénticos presentados por distintos solicitantes. Otras 8.107 pensiones se pagaban a personas fallecidas y 10.038 correspondían a beneficiarios que habían renunciado voluntariamente al beneficio.
La filtración de los audios, en los que Spagnuolo hablaba de sobreprecios en la compra de medicamentos, detonó una crisis en la ANDIS que llevó al Gobierno a revisar no solo las acciones futuras, sino también las bajas ya efectuadas. “Las bajas están pausadas hasta que se termine la auditoría en la agencia de discapacidad, que continúa con un foco en tres cuestiones: las pensiones, las compras y la estructura. En función de eso se tomarán medidas a seguir”, explicaron fuentes oficiales al medio citado.
Además de la suspensión temporal de la auditoría, el Ejecutivo evalúa posibles cambios estructurales en la ANDIS. Entre las opciones que se barajan está la posibilidad de que el organismo deje de funcionar como ente descentralizado y pase a estar bajo control directo del Ministerio de Salud, en un intento por mejorar los mecanismos de control y transparentar los procesos de licitación y compras públicas.
Por ahora, la prioridad del Gobierno es culminar con la auditoría interna para definir cómo avanzar con las políticas vinculadas a la discapacidad. La pausa en las bajas y los controles busca garantizar que no se cometan injusticias y que se pueda depurar el sistema sin vulnerar derechos, en un contexto especialmente delicado para los sectores más vulnerables.