Por Roberto Basualdo, senador nacional por San Juan -Cambiemos-
Aprobamos en el Senado el proyecto de Ley de Compre Argentino, una iniciativa que permitirá al Estado utilizar toda su fuerza de compra para lograr desarrollar proveedores de origen nacional que lo abastezcan. Esta ampliación de la actual ley 25.551 viene a poner a las PyMEs de nuestro país en un lugar de preferencia, el cual les corresponde, luego de años de trabajar duramente, va a permitir que la inversión que realiza el Estado vuelva a los argentinos.
A su vez, en la sesión dimos media sanción al proyecto de Ley de Defensa de la Competencia, que busca aportar nuevas herramientas para sancionar conductas de cartelización y abuso de posiciones dominantes, estableciendo reglas claras y transparentes en el mercado que beneficien a los consumidores, a las empresas y especialmente al estado. Una economía que se precie de tener un mercado transparente y competitivo necesita normas que aseguren dicha condición. Una de esas normas es una moderna y eficiente ley de Defensa de la Competencia, por eso celebro la media sanción lograda en la Cámara Alta. Estoy convencido de que con estas leyes ganan las Pymes, gana el Estado, pero por sobre todo, ganan los ciudadanos.
En el caso de la Ley de Compre Argentino, el objetivo es que las grandes compras del Estado sean un impulso para el desarrollo de una industria competitiva y de calidad. Se trata de una medida que apunta al desarrollo argentino y que ya fue implementada por los países industrializados para mejorar el potencial productivo de las Pymes. Cabe señalar que para la elaboración del proyecto de Ley de Compre Argentino el Ejecutivo siguió los lineamientos de países modelo en este tema, como Israel, Estados Unidos, México y Brasil.
En la actualidad, las compras públicas representan en Argentina más del 5% del PBI y el 2,5% del empleo. Durante los próximos 8 años el sector público invertirá U$S 200.000 millones en sectores como infraestructura, energía, salud, telecomunicaciones, bienes industriales, servicios y tecnología, según datos del propio Gobierno, donde también señalan que con una integración de productos nacionales del 40% en las compras que realice el Estado, se podrían generar 70.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos años.
Con lo cual, se trata de una iniciativa que beneficia claramente a las empresas nacionales, en particular a las pymes, pues le otorga una preferencia al momento de la adjudicación de la licitación de una compra del Estado de hasta un 15 % para las MiPymes y Cooperativas, y de un 5 a 8% para las grandes empresas.
La norma dará preferencia a aquellos proveedores que ofrezcan bienes con mayor componente nacional, incrementando el margen de preferencia en la medida que aumente el grado de integración nacional del producto.
La norma contempla acuerdos de cooperación productiva, que obliga al proveedor que ofrezca bienes o servicios no producidos en el país a subcontratar el 20% del valor del contrato con empresas PyMEs argentinas. Por otra parte, en los casos que sean posible, se deberá incluir contratos de transferencia de tecnología, lo que les permitirá a las PyMEs adquirir nuevas capacidades de producción.
El proyecto establece que un bien o servicio será considerado nacional cuando ha sido producido o extraído en la República Argentina, siempre que el costo de su materia prima, insumo o materiales no supere el 40% como criterio general. Asimismo, establece un proceso de selección de contratista a la Administración Publica, por medio del cual se deberá preferir la adquisición de bienes de origen nacional y contratar obras y servicios con proveedores locales. La norma incluye a las Empresas y Sociedades del Estado y a toda organización empresarial en donde el Estado posea participación mayoritaria, los Fondos Fiduciarios integrados mayoritariamente con bienes del Estado nacional, el Poder Legislativo de la Nación, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Publico de la Nación y CAMESA. Por su parte YPF deberá implementar un Programa de Desarrollo de Proveedores Nacionales.
Esta es un proyecto de ley que beneficia a todos los sectores, a las empresas nacionales en especial las PyMEs, pues les torga un margen de preferencia y además les reserva una cuota de mercado para las mismas; a los ciudadanos pues se incrementará la oferta de trabajo; y al Estado nacional pues logra desarrollar proveedores nacionales que aseguren -en especial en áreas estratégicas- al abastecimiento para su normal funcionamiento.
Es importante señalar que durante mucho tiempo la situación de las PyMEs en nuestro país fue muy preocupante. Los pequeños y medianos empresarios se tuvieron que enfrentar a una realidad muy dura. Sabemos que revertir esa situación lleva tiempo, pero se están dando pasos en ese sentido y este es uno de ellos. Estamos en presencia de una política activa que pretende proteger y estimular a las PyMes nacionales, incrementado su cuota de mercado y dando origen a alianzas estratégicas con el Estado. Hoy en día es fundamental desarrollar proveedores argentinos en sectores estratégico para dar impulso de la industria, la diversificación de la matriz productiva y la promoción de la competitividad. Esta norma, junto con otras como la ley Pymes, la ley de Emprendedores, la reforma impositiva, la ley de Desarrollo Productivo, brindará un marco propicio para que las empresas nacionales puedan progresar.