El martes por la mañana, el periodista Martín Angulo reveló en Infobae la existencia de una lista de 1111 presos presentada al Ministerio de Justicia por el Servicio Penitenciario Federal con la recomendación de que sean beneficiados por decisión judicial con la libertad condicional o la prisión domiciliaria bajo supervisión con tobillera electrónica. La integraban nombres como Jorge “El Tigre” Acosta, jefe del grupo de tareas de la ESMA y Julio Simón, alias “El Turco Julián”. Había otros 94 condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos el ex capellán Cristian von Wernich. En paralelo, el ministro Garavano participó el jueves pasado de una reunión con jueces, fiscales y defensores oficiales para que entre 500 y 700 presos dejen los penales del SPF.
Los condenados por delitos de lesa humanidad, una población carcelaria que supera en su amplia mayoría los 70 años de edad, no fueron la única categoría de presos con sugerencia de salida en la lista del SPF: las planillas se completaron con 106 personas del colectivo LGBTI, 70 discapacitadas, 25 embarazadas y 421 mujeres con hijos recién nacidos y hasta de diez años de edad.
La razón de esta idea es tan paradójica como simple de entender: se trata de descomprimir. Las cárceles en la Argentina tienen más presos que nunca. Desde los últimos cuatro años del kirchnerismo en el poder que el Estado aumentó con singular fuerza su tasa de arrestos y encarcelamientos, pero el lugar para encerrarlos no crece. Hoy, según datos oficiales del SPF, hay 11900 detenidos en penales federales a lo largo del país cuando el cupo para alojarlos es de 11500.
Lo cierto es que el Servicio Penitenciario Federal es mirado con envidia desde algunos despachos en La Plata: el Servicio Penitenciario Bonaerense, conducido por Juan Baric, que depende del Ministerio de Justicia a cargo de Gustavo Ferrari y contiene a la población carcelaria individual más grande del país, tiene 38.883 detenidos en unidades y alcaldías -1388 son mujeres- una población que supera la capacidad de alojamiento del SPB en más de 10.500 individuos, otra vez según cifras oficiales. Solo 1791 personas tienen el beneficio del monitoreo electrónico en prisión domiciliaria. Las comisarías de la Policía Bonaerense a cargo del Ministerio de Seguridad tienen números más preocupantes. Su capacidad colectiva de detención es de 1008 internos: al 28 de febrero último tenían unos 3473 en todo el territorio provincial.
Los detenidos en comisarías aumentaron un 9% en apenas dos meses: eran 3188 para el 29 de diciembre de 2017. En rigor, el número es solo un trazo en la curva de detenciones bonaerenses que se disparó dramáticamente con la gestión de Daniel Scioli y ministros como Casal y Granados.
El SPB superó su cupo máximo para alojar en 2013 cuando aumentó su número de internos en unos 414 más, el comienzo de la escalada. De ahí en más todo fue exponencial. El número aumentó a 2691 presos más en 2014, otros 4673 en 2015. Los dos años de macrismo trajeron 16 mil presos más, unos 6010 en 2016 y otros 9962 en 2017.
Lo cierto es que meses atrás el Servicio Penitenciario Bonaerense barajó hacer lo mismo que su contraparte federal: elevar una lista de presos que podrían acceder a la condicional o a una tobillera electrónica. El impacto que supone darle una mejora de situación a represores y torturadores del terrorismo de Estado no iba a recaer de su lado ya que el SPB tiene apenas diez presos por delitos de lesa humanidad. La idea duró poco. “Vimos rápidamente que no podía ser”, afirma una voz jerárquica dentro del Servicio: “Los condenados de mayor edad, por ejemplo, son abusadores, están por delitos sexuales intrafamiliares. No tendrían a dónde volver. De cara a esto, decidimos no hacerlo.”
Hay un limbo mayor. Solo la mitad de los presos bonaerense tiene condena firme o en primera instancia. La otra mitad permanece a la espera con prisión preventiva, casi 20 mil hombres y mujeres en cárceles hacinadas. Autoridades como James Cavallaro, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advirtió sobre el problema en su última visita a la Argentina.
“El SPB, internamente, comparte la preocupación, más vale”, dice un alto funcionario: “La Policía tiene la obligación de detener, pero depende de los jueces regular esto.” Cavallaro y la radio interna del SPB no son los únicos en preocuparse. Funcionarios como el procurador provincial Julio Conte Grand también hablaron al respecto. El procurador afirmó estar “muy preocupado” por la sobrecarga de detenciones.
La sobrecarga impacta, en primer lugar, en las comisarías, donde los tiempos de espera sobrepasan lo legal. El agónico motín de la Comisaría N°3 de Merlo en diciembre pasado, protagonizado por 14 detenidos, que duró casi diez horas e incluyó una toma de rehenes, fue un fiel reflejo de esto. Los hombres señalados como cabecillas del motín registraban arrestos de varios meses sin evidentes traslados a cárceles: un hombre acusado de tenencia ilegal de estupefacientes estaba detenido desde fines de junio.
Los detenidos por delitos contra la propiedad son la mayoría absoluta: un 43% del total tumbero del SPB está imputado por robos agravados y hurtos. Los abusadores sexuales ascienden a un 6,5%; los involucrados en causas de estupefacientes son el 13,5 del total.
Fuentes del Ministerio de Justicia bonaerense entregaron a Infobae un documento sobre su gestión para 2017. Las cifras hablan de más de 12 mil presos cursando estudios escolares, otros 5 mil capacitados en centros de formación profesional, 279 talleres en funcionamiento como panaderías y carpinterías, 5100 colchones elaborados por internos en fábricas de unidades del SPB y unos 7 mil nuevos entregados en total, clases de yoga y una cancha de rugby de pasto sintético en la Unidad N°48 de San Martín, un nuevo centro de monitoreo para detenidos con tobillera electrónica, 13 mil vacunas aplicadas a presos y penitenciarios.
Los números de las requisas son más alarmantes. Hubo, según el informe, unas 15800 facas incautadas en todo 2017 -poco más de cuatro de cada diez presos con un arma letal-, 26 mil celulares -es decir, casi 7 de cada 10 de todos los presos del SPB con un aparato clandestino-, 11800 pastillas y 1600 litros de bebida tumbera fermentada.