Por unanimidad, este jueves la Cámara de Diputados de la provincia aprobó que el legislador Alfredo Amín deje su banca para que pueda ser convocado ante la justicia. La medida se dio después de que el juez Leopoldo Rago Gallo requiriera a la Cámara de Diputados el desafuero ddel representante de departamento Calingasta.
Este jueves la votación se dio pasada las 13 y hasta el mismo diputado Amín votó a favor de su propio desafuero aduciendo que todo lo que hizo estuvo dentro del marco de la ley y no tiene problema en ponerse a disposición de la justicia.
“Trato de entender a ciencia cierta los motivos que llevan a un legislador a estar en este caso. Decía mi papá ‘sarna que gusta no pica’ y por lo visto le gustaba, no la causa sino la política. La política de una u otra manera te lleva a estar acá y por diferentes motivos me encuentro entranpado ante una circunstancia que surgió cuando era un ciudadano común. Todos los que me conocen en Calingasta saben que somos una familia de trabajo”, comenzó expresando el legislador ante sus pares al momento de defenderse.
Luego explicó que le colocó Don Pocholo a la empresa en homenaje a su papá y agradeció que su padre ya haya fallecido. “Porque sino con esta causa, lo mato en vida”, agregó.
El diputado Amín, socio gerente del negocio de almacén “Supermercado Don Pocholo SRL”, de Calingasta, es investigado junto a otros 9 comerciantes por cobrar sobreprecios y facturar mercadería que no se habría entregado al Escuadrón 26 de la Gendarmería Nacional, de Barreal, y al Centro de Formación Félix Maniflor de aspirantes, que funciona en el departamento cordillerano.
La maniobra, que se habría producido durante 2013 y 2014, fue confirmada por el propio legislador, quien reconoció que cobraban entre un 40 y un 50 por ciento de sobreprecio “porque el Estado se demoraba en pagar”, lo que según las cuentas que hay en la Justicia, significarían un perjuicio a las arcas nacionales por un total de 6 millones de pesos.
El caso salió a la luz cuando desde Gendarmería, con asiento en Córdoba en 2014, denunciaron al comandante principal Darío Barco, por entonces al frente del Centro de Formación, y el segundo comandante Jorge Castro, ex titular del área que maneja las finanzas del Escuadrón y del instituto.