La última amenaza de bomba contra el Centro Cívico de San Juan, ocurrida el pasado 16 de septiembre, ya tuvo su resolución judicial.
En una audiencia realizada este martes, Carlos Cabaña fue condenado a dos años de prisión condicional y deberá pagar 4 millones de pesos en 30 cuotas, como resarcimiento económico.
En contraste, Hugo Castro, quien también estaba imputado en la causa, quedó sobreseído tras el pedido expreso de la fiscalía.
Cómo se resolvió la causa
La investigación estuvo a cargo del fiscal Ignacio Achem y la ayudante fiscal Belén Sánchez, pertenecientes a la UFI Genérica.
Cabaña contó con la defensa de su abogado particular, Morán y en tanto, Castro fue representado por la defensora oficial María Emilia Nielson.
La Fiscalía de Estado, con Claudio Herrera y Ricardo Lorenzo Mira como representantes, intervino como querellante y exigió que los imputados afrontaran los costos generados por la activación del protocolo de emergencia.
La audiencia de control de detención comenzó el lunes, pero fue postergada por el juez de Garantías, Diego Manuel Sanz, para dar lugar a la posibilidad de un acuerdo.
Finalmente, este martes se retomó el debate y se firmó el juicio abreviado, que estableció la pena en suspenso para Cabaña y el sobreseimiento de Castro.
De esta manera, el caso quedó cerrado con una condena que combina sanción penal y económica, pero sin prisión efectiva.
