La causa por presuntas estafas vinculadas a la firma Branka Motors sumó un nuevo capítulo tras el incumplimiento del acuerdo de reparación integral homologado en abril. La investigación, que involucra a cientos de damnificados por la venta de motos que nunca fueron entregadas, ahora tendrá una instancia clave con fecha confirmada en la Justicia.
Fijan audiencia tras el incumplimiento del acuerdo
La UFI de Delitos Informáticos y Estafas confirmó que este viernes a las 16 horas se realizará una audiencia de revisión de medidas cautelares y del acuerdo firmado. La instancia fue solicitada por los abogados de las víctimas luego de que la empresa no cumpliera con el pago de la primera cuota, prevista para el 25 de abril.
El acuerdo contemplaba la devolución del dinero en cinco cuotas a un total de 352 damnificados. Sin embargo, el depósito inicial nunca se concretó, lo que generó fuerte malestar entre quienes habían aceptado la propuesta.
Crece el reclamo de los damnificados
Filomena Noriega, representante de un grupo de afectados, aseguró que sus clientes no recibieron ningún pago, pese a haber informado sus datos bancarios para la acreditación.
En ese sentido, anticipó que si no hay avances, solicitarán la caída del convenio. También remarcó el impacto económico del retraso: “El dinero comprometido ya no tiene el mismo valor por la inflación, lo que genera enojo y ansiedad en quienes esperaban ese reintegro”.
El monto total a devolver asciende a $532 millones. La resolución que adopte la jueza será clave para determinar el futuro del acuerdo y la situación de los imputados.
Un convenio millonario y una causa polémica
El acuerdo, propuesto por la defensa, prevé la restitución total del perjuicio económico estimado en la suma de 524 millones de pesos, correspondiente a 352 denunciantes. A tal efecto, se dispuso un plan de pago financiado en cinco cuotas, dentro de un plazo de 120 días, con vencimientos fijados entre el 25 de abril y el 25 de agosto.
La propuesta establece la devolución íntegra de los montos denunciados como perjuicio y se encuentra garantizada mediante la afectación de bienes muebles e inmuebles, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Asimismo, se deja expresa constancia de que la presente reparación se circunscribe al ámbito penal, sin perjuicio de las acciones de naturaleza civil que pudieran corresponder.
Para tal fin, el equipo fiscal llevó adelante un exhaustivo análisis financiero y patrimonial, que incluyó el relevamiento y estudio de información proveniente de múltiples entidades crediticias, permitiendo reconstruir los movimientos bancarios y determinar la trazabilidad de los fondos involucrados.
El acuerdo fue homologado por la jueza Ana Carolina Parra.
Qué pasó con los imputados
Tras la homologación del acuerdo recuperaron la libertad, pero deberán cumplir una serie de condiciones.
Entre las restricciones impuestas figuran la obligación de presentarse periódicamente en comisarías, la prohibición de mantener contacto con los denunciantes, la imposibilidad de salir de la provincia y la retención de sus documentos de viaje.
Además, el fiscal Guillermo Heredia confirmó, en su momento, que desde la homologación del acuerdo los imputados contaban con plazos fijados para realizar el primer pago a las víctimas, en el marco del plan de reparación.
