El caso por la muerte de Carolina Sastre sigue sin definirse tras el paso a un cuarto intermedio, para decidir sobre la impugnación de la jueza Verónica Chicón. Ella había denegado la solicitud de juicio abreviado para el imputado Eliazar Flores Condori, acordada por la defensa y el Ministerio Público Fiscal, por una pena de tres años de prisión domiciliaria y 10 años de inhabilitación para conducir.
Su familia movilizó a la sociedad sanjuanina a pedir justicia por su hija este martes frente a las puertas de Tribunales, por una pena más justa.
“Pensábamos que se iba a resolver ahora, pero se ha tomado un cuarto intermedio y vamos a estar a la espera de una nueva audiencia“, dijo la abogada querellante Sandra Leveque a Diario La Provincia SJ.
La jornada también estuvo marcada por el cambio en la defensa, que había sido la abogada Filomena Noriega, quien había realizado la impugnación contra Chicón. En este sentido, se formalizó el patrocinio de Alejandro Castan para el imputado, quien sostuvo la postura junto con la fiscalía. “Ambos han pedido que se revoque la resolución, que se aparte a la jueza y que se haga lugar al acuerdo de juicio abreviado porque entienden que es ajustado a derecho”, agregó Leveque.
Por su parte, sostuvieron que “la resolución de la jueza Chicón está correctamente fundada en numerosa normativa tanto provincial, procesal e internacional en cuanto a que debe darse una participación activa a las víctimas”, y agregó que “el juicio abreviado no es acorde con la propia calificación de la fiscalía”.
Se trata de un delito culposo doblemente agravado por el número de víctimas y por la conducción temeraria, en concurso ideal con lesiones graves, también agravado por el número de víctimas que son dos y la conducta temeraria del imputado.
Leveque recordó que lo que razonó la jueza en su momento es que “no podría caberle la mínima de tres años de acuerdo con las pautas del artículo 40 y 41 del Código Penal, que es para un siniestro de una víctima sin estos agravantes”.
Actualmente, otra de las víctimas está en rehabilitación, tratamiento psicológico. Otra joven más está con una operación en uno de sus ojos, con un parche.
Finalmente, dijo: “Nosotros hemos planteado que no se está afectando ningún derecho del imputado. Su postura debe ventilarse en un debate oral donde estén todas sus garantías resguardadas. La víctima no cumple una función decorativa, sino que está en igualdad de condiciones“.