Una mujer de 30 años fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional por cometer seis estafas mediante la falsa venta de garrafas de gas a través de redes sociales. La maniobra, que se desarrolló entre abril y septiembre de 2024, dejó un perjuicio económico superior a 1,9 millones de pesos para las víctimas.
La investigación estuvo a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, con la intervención de los fiscales Pablo Francisco Martín Fernández y Federico Pablo Pereyra Guerra. La sentencia fue dictada en un juicio abreviado por el juez Mario Guillermo Adárvez Camacho, luego de que la imputada reconociera su responsabilidad.
Así funcionaba la estafa
Según informó la UFI, la mujer publicaba en Facebook y Marketplace avisos ofreciendo garrafas de gas bajo el nombre de una supuesta empresa llamada “JUAN GAS“.
Los interesados se comunicaban por WhatsApp, donde acordaban la compra y el supuesto envío del producto a domicilio. Una vez definido el precio, las víctimas debían realizar una transferencia bancaria o enviar dinero a una billetera virtual, generalmente a nombre de terceras personas.
Después del pago, el contacto se interrumpía por completo: la garrafa nunca era entregada y el dinero no era devuelto.
En algunos casos, la maniobra fue más allá de un único pago. La acusada solicitó nuevas transferencias con diferentes excusas e incluso realizó una videollamada para generar confianza y convencer a una víctima de seguir enviando dinero. En otro hecho logró concretar un débito automático sobre la cuenta bancaria del damnificado.
Las pérdidas económicas oscilaron entre 60.000 y 760.000 pesos por víctima.
Cómo lograron identificarla
La UFI determinó que las seis denuncias correspondían a una misma modalidad delictiva y decidió unificarlas en una sola investigación.
Los informes de las compañías telefónicas permitieron establecer que un mismo teléfono celular era utilizado para manejar las distintas líneas desde las que se contactaba a las víctimas. Varias estaban registradas a nombre de la acusada y otras habían sido dadas de alta en distintas provincias para dificultar su rastreo.
Además, mediante informes de bancos y billeteras virtuales se siguió el recorrido del dinero transferido. Los investigadores comprobaron que las cuentas receptoras estaban vinculadas al entorno cercano de la imputada y que una de ellas tenía asociado un correo electrónico de su titularidad, un elemento clave para avanzar en la causa.
La condena
Durante el juicio abreviado, la mujer admitió haber cometido los hechos y aceptó el acuerdo alcanzado con la Fiscalía.
El juez la declaró culpable del delito de estafa, en seis hechos, en concurso real y en calidad de autora, y le impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.
Además, durante ese mismo período deberá cumplir reglas de conducta, entre ellas fijar residencia, someterse al control del Patronato de Liberados, abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de bebidas alcohólicas, y desarrollar un oficio, profesión o actividad laboral acorde a sus capacidades.