El fiscal coordinador de Delitos Informáticos y Estafas del Ministerio Público Fiscal de San Juan, Pablo Martín, reveló que la provincia registra entre 100 y 120 casos anuales relacionados con la tenencia o distribución de material de abuso sexual infantil (MASI). El funcionario calificó esta cifra como alarmante y señaló que la tendencia va en aumento.
“Es un número alto y lamentablemente va creciendo”, expresó el fiscal a Radio Sarmiento. “Mucha gente no distribuye, pero sí descarga y guarda este material en sus dispositivos. Algunos acumulan gigas de este tipo de contenido”, detalló.
Martín explicó además que el término “pornografía infantil”, aún presente en el lenguaje común, ha sido reemplazado por el concepto más preciso de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI).
¿Qué pasa si te llega este tipo de material?
El fiscal aseguró que si una persona recibe accidentalmente contenido de este tipo por WhatsApp, redes sociales o correo electrónico, no incurre en un delito si lo elimina de inmediato. Sin embargo, reenviarlo o almacenarlo (especialmente si se sincroniza con servicios como Google Drive) puede generar una denuncia automática y derivar en una causa penal.
“Si lo reenviás, estás distribuyendo y ahí sí hay una responsabilidad penal. Y si lo guardás y se sube a la nube, también”, advirtió.
¿Quiénes cometen este tipo de delitos?
De acuerdo con el fiscal, no existe un perfil único de personas involucradas. “Los casos atraviesan todas las clases sociales y edades”, señaló. Si bien la mayoría de los acusados son adultos, también se han detectado menores de edad involucrados. En esos casos, la intervención queda a cargo de la Justicia de Menores.
Sobre la producción local de este tipo de material, Martín indicó que no hay registros recientes en la provincia, aunque no se descarta su existencia. “En su momento la UFI Aníbal tuvo alguna causa vinculada, pero lo más común sigue siendo la tenencia y distribución”, dijo.
Educación y prevención, claves
Martín también resaltó la necesidad de abordar este tema desde la prevención y la educación, tanto en el ámbito escolar como en el familiar. Si bien reconoció que los recursos son limitados, indicó que ya hay proyectos piloto en marcha y que han sido solicitadas capacitaciones en escuelas.
“El grooming y el material de abuso sexual infantil son temas que deben hablarse en las escuelas y en las familias. No se trata de barrer debajo de la alfombra, sino de poner el tema sobre la mesa”, concluyó el fiscal.