La investigación por las estafas vinculadas a supuestas gestiones para acceder a viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) dio un nuevo giro con la detención de un hombre señalado como pieza clave en la organización. Se trata de Víctor Andrés Suizer, quien fue arrestado por orden del fiscal Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Milena Berbari, en el marco de la causa que ya acumula al menos 52 maniobras fraudulentas.
El caso tuvo su origen en abril de 2025, cuando comenzaron a radicarse denuncias contra Karen Heredia y el pastor Alberto Carlos Balmaceda. Ambos fueron acusados de ofrecer a fieles y vecinos la supuesta posibilidad de acceder a carpetas de viviendas a cambio de dinero, una promesa que nunca se concretaba.
Nuevas denuncias, más víctimas y una red en expansión
Lejos de cerrarse, el expediente sumó nuevas presentaciones que ampliaron el alcance del presunto esquema delictivo. Incluso después de que el caso tomara estado público, surgieron denuncias de personas que afirmaron haber sido engañadas por otras mujeres que continuaron con la operatoria.
Según la investigación, estas personas se presentaban como intermediarias o supuestas funcionarias y ofrecían viviendas del IPV mediante grupos de WhatsApp. Las víctimas realizaban transferencias que iban desde cientos de miles hasta más de un millón de pesos, sin recibir ninguna respuesta concreta luego de los pagos.
El rol del nuevo detenido y las pruebas clave
La figura de Suizer cobró relevancia tras pericias telefónicas y bancarias que lo ubican en contacto directo con Heredia desde el inicio de las maniobras. De acuerdo con los investigadores, parte significativa del dinero recaudado habría sido transferida a cuentas vinculadas al ahora detenido.
Además, se detectó que algunos dispositivos utilizados en las estafas estaban registrados a su nombre o al de su entorno familiar, lo que reforzó las sospechas sobre su rol central en la organización.
El juez de garantías Roberto Montilla avaló la imputación por estafas reiteradas y ordenó la prisión preventiva domiciliaria por dos meses, mientras continúa la investigación. La fiscalía, en tanto, solicitó un plazo de seis meses para profundizar las medidas y determinar el grado de responsabilidad de todos los involucrados en una causa que sigue creciendo.
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