Un giro sorpresivo tuvo la causa por el femicidio de Yanina Pérez, quien fue ultimada por su ex pareja Ariel Omar Pérez el pasado 15 de febrero de 2024.
Este lunes se suspendió la audiencia de control de acusación, tras la renuncia intempestiva de los abogados defensores Eduardo Sait de la Cruz y Fernando Bueno. Anoticiada de esta situación durante horas de la mañana, la Dra. Sandra Leveque asumió el patrocinio oficial y pidió sanciones para los letrados, a quienes les correspondería una multa por un eventual abandono de las funciones a tan pocas instancias del debate.
Ariel Pérez compareció ante la justicia de forma virtual desde otra sala y se mostró colaborativo durante el encuentro que duró cerca de una hora. El juez López Martí inició la audiencia en la que se pidió un cuarto intermedio para que Leveque tome conocimiento de la causa por un lapso no menor a 20 minutos, de manera “a garantizar la legítima defensa del imputado y el debido proceso”.
Otra de las resoluciones importantes, sobre la que se debatió, fue la extensión de la prisión preventiva que vence el 18. Al respecto, López Martí decidió extenderla hasta que termine el proceso, ya que los 20 días hábiles de extensión superaban esa fecha. La prórroga había sido utilizada por la defensa anterior.
¿Puede haber sanciones para los abogados que renunciaron al caso?
Según manifestó la nueva abogada de Ariel Omar Pérez, la defensora oficial Sandra Leveque, el Código Procesal Penal prevé sanciones para el caso de abandono de las defensas de un imputado en un proceso judicial. Las mismas les corresponderían a Eduardo Sait de la Cruz y Fernando Bueno.
“Existiría un abandono de la defensa, más acercándose la fecha del debate”, dijo Leveque a Diario La Provincia SJ.
En la jornada se iba a realizar el control de acusación y con la posibilidad de fijar dentro de los 30 días el debate. “En esta audiencia lo que debe llevar adelante es el ofrecimiento de las pruebas para el debate“, dijo y explicó el pedido de extensión de al menos 20 días para tomar conocimiento en profundidad de la causa. “Al asumir la defensa oficial solicitamos esa prórroga, que tiene que ver con consultar el legajo, entrevistar al imputado para el ejercicio de su defensa y definir una medida alternativa según su calificación, o ver si le conviene ir a juicio”.
Respecto a las sanciones, aseguró: “Eso lo definirá el juez, él está facultado para aplicar las sanciones”. Las sanciones por el incumplimiento injustificado de las obligaciones por parte de los defensores es una multa de hasta 10 veces el salario mínimo del escalafón judicial.
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