El proceso judicial por un hecho de robo ocurrido en el departamento Pocito concluyó con la aplicación de una suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año, en el marco de un acuerdo que incluyó distintas medidas de cumplimiento obligatorio para el imputado.
La resolución judicial establece además una reparación simbólica, la realización de 50 horas de trabajo comunitario en un plazo de cinco meses a favor del Estado, la participación en talleres sobre consumo problemático y la incorporación a instancias de capacitación laboral, todo bajo reglas de conducta fijadas por la Justicia.
El caso tiene como imputado a Santander, quien fue investigado por un hecho ocurrido el 27 de junio de 2026, en una obra en construcción de la Subcomisaría del barrio Las Pampas, en el departamento Pocito.
Según consta en la investigación, el hecho se registró entre las 21:30 y las 22:00 horas, cuando el acusado habría violentado el cerco perimetral del predio, tras cortar una malla metálica de hierro de aproximadamente 2,05 metros de altura, utilizada como cierre de seguridad.
Tras dañar el perímetro, el hombre habría ingresado a la obra en construcción y desde el interior sustrajo una escalera metálica de aproximadamente cinco metros de largo, con la que posteriormente se retiró del lugar por el mismo sector de ingreso.
La situación fue advertida por vecinos de la zona, quienes observaron al sospechoso circulando por la vía pública con el elemento de gran porte, lo que motivó un llamado inmediato a la línea de emergencias 911 y a la Comisaría interviniente.
Con los datos aportados por los testigos, personal policial realizó un operativo de búsqueda en el barrio y logró localizar a un hombre que coincidía con la descripción brindada, en inmediaciones del complejo habitacional, mientras trasladaba una escalera de características similares a la sustraída.
En el lugar, el sospechoso fue interceptado y aprehendido. Posteriormente, el sereno de la obra reconoció la escalera como perteneciente a la construcción, confirmando su faltante.
El procedimiento fue comunicado a la Base Acusatorio, con intervención del fiscal de turno Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Eduardo García Thomas, quienes dispusieron la aplicación del procedimiento especial de flagrancia.
Finalmente, el caso se resolvió mediante un acuerdo judicial que permitió la suspensión del juicio a prueba, quedando el imputado sujeto al cumplimiento de las reglas de conducta y medidas socioeducativas establecidas por la Justicia.