Un nuevo escándalo con venta de lotes sacude a San Juan y tendría perjudicados por partida doble: por una parte, el Estado provincial y por otro, a familias que ya construyeron sus casas allí.
El Ministerio de la Producción, a cargo de Gustavo Fernández, presentó una denuncia penal ante la Justicia tras detectar graves irregularidades en el uso de un terreno fiscal en Rawson. La presentación apunta a presuntas operaciones inmobiliarias ilegales realizadas por personas sin vínculo con la administración pública sobre bienes del Estado Provincial.
Estas maniobras habrían tenido fines de lucro, lo que infringe las normativas que regulan el uso de tierras fiscales, cuya finalidad está estrictamente delimitada por su condición jurídica. La Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas inició además una investigación paralela por presunto delito de estafa, que involucra a 42 personas que compraron terrenos en el loteo “Vista al Cerro”, compuesto por 165 parcelas en Médano de Oro.
En la causa se señala como presuntos responsables a 5 hombres y una mujer, de apellido Capelli, acusados de intervenir en las operaciones de venta.
Según la denuncia, Capelli habría vendido el terreno a otro investigado, de apellido Díaz, quien posteriormente fraccionó el Lote Nº 90 y vendió pequeñas parcelas a múltiples compradores.
También figuran como implicados hombres de apellidos Dávila Jofré y Sosa, vinculados a otras transacciones de venta. La información se apoya en boletos de compraventa con firmas certificadas presentados por las presuntas víctimas de la estafa.
Cómo se habría gestado la estafa
El caso se centra en el Lote N.º 90 de la Colonia Fiscal Domingo Faustino Sarmiento, en Médano de Oro. Se trata de un terreno fiscal destinado únicamente a uso agrícola. Sin embargo, en el predio se construyeron viviendas con quinchos y piletas, lo que encendió las sospechas de ocupación ilegal y subdivisión irregular.
Las investigaciones revelaron que el supuesto origen de la propiedad carece de sustento legal. La mujer investigada habría declarado ser única heredera de José Hugo Capelli, a quien atribuía la adjudicación original del lote. No obstante, registros oficiales indican que esta persona nunca fue adjudicataria y falleció en 1994. El terreno permaneció desocupado hasta 1997, cuando fue adjudicado por licitación a una persona de apellido Cerda, quien mantuvo esa titularidad hasta 2014.
En consecuencia, los actuales ocupantes habrían adquirido parcelas de individuos sin derecho legal a venderlas, dado que la cadena de propiedad se considera inexistente en los registros oficiales. Esto refuerza la hipótesis de que las operaciones inmobiliarias fueron fraudulentas y que el patrimonio estatal resultó gravemente afectado.
