Este martes se realizó una de las últimas audiencias en el juicio por la desaparición forzada del ingeniero Raúl Tellechea antes de la feria judicial. En esta ocasión, el abogado defensor Marcelo Fernández, quien representa a Juan Marcelo Cachi, Eduardo Alonso y Eduardo Oro, hizo una fuerte crítica a la prueba producida por la querella y la fiscalía, y las comparó con las que se produjeron en los juicios por lesa humanidad por hechos cometidos durante la dictadura.
“Quiero destacar algo que fue sostenido, ya lo dijo el juez instructor, y es que no estamos ante un caso de lesa humanidad”, sostuvo Fernández al inicio del alegato y agregó: “Esto no es un mero formalismo ni una cuestión menor; es una cuestión sustantiva que define el rigor con el que se tienen que basar las pruebas. Repito nuevamente, no se trata de un caso de lesa humanidad”.
Los otros cuatro imputados que también enfrentan una pena de prisión perpetua por desaparición forzada son Alberto Vicente Flores, Luis Héctor Moyano y Miguel Alejandro del Castillo, patrocinados por el defensor oficial Esteban Chervin.
Sin embargo, el letrado puso énfasis en la valoración de la prueba por parte del tribunal, compuesto por Eliana Rattá, Gretel Diamante y Carolina Pereira. Esta fue aportada por la querella (Conrado Suárez Jofré) y fiscalía (Francisco Maldonado) y la defensa aludió que estas no eran lo suficientemente sólidas para comprobar una desaparición forzada o la muerte del ingeniero.
En este sentido, consignó que en el país coexisten “dos derechos penales”: uno es el derecho penal clásico y el otro, el de los juicios de lesa humanidad. Según manifestó Fernández, la doctrina nacional e internacional ha coincidido en que en casos de lesa humanidad hay “una suerte de relajación en los estándares probatorios”.
Esta relajación tendría que ver con cómo los tribunales valoran pruebas cuya relevancia adquiere un segundo o tercer grado en importancia en el derecho penal clásico, como la prueba indiciaria o la prueba de testigos indirectos. En los juicios en el marco de la dictadura, tomaban protagonismo por la naturaleza del hecho.
“Quienes hemos tenido la oportunidad de formar parte de estos juicios (por lesa humanidad), inclusive este tribunal con distintas conformaciones, hemos presenciado cómo se otorga un valor probatorio superlativo a ciertos testimonios, lejos de ser directos”. Se trata de los llamados “de oídas”, que fueron ponderados para fundar condenas con requisitos por su contexto histórico.
De acuerdo con el letrado, en sus resoluciones, el Dr. Rago Gallo, al principio de la investigación en el fuero federal, aseguró que no se trata de un juicio de lesa humanidad. También señaló que el propio fiscal lo dijo al inicio de los alegatos de apertura, cuando también lo dijo la parte querellante. “No obstante, haberlo reconocido no bastó, porque en todo momento en este juicio se requirió a este tribunal, por parte de la querella y la fiscalía, que pusieran especial énfasis en el estudio de lo que para ellos son indicios, y la prueba que ellos han pretendido entender como indicios no es tal”, expresó y aseguró que “no se trata siquiera de indicios, son meras conjeturas, interpretaciones de elementos probatorios, hasta caprichosas”.
Usó como un ejemplo la implicación en el caso de uno de sus defendidos: “El señor Cachi fue vinculado a esta causa por el solo hecho de haber adquirido equipos celulares que fueron utilizados por él y su familia”, y que la querella contó con una “lista sábana” de contactos o por la relación de amistad y cercanía que tenía Cachi con algunos de los otros imputados aquí presentes.
Cuestionó la ampliación de la acusación y el pedido de prisión preventiva por parte del Ministerio Público Fiscal: “Sin ningún elemento y con conjeturas se podía entender que el ingeniero Tellechea había desaparecido”, según remarcó.
En cuanto a la prueba, destacó que “los testimonios eran solamente de personas vinculadas al grupo TodosXRaúl, que no habían venido más que a contarnos las virtudes de Tellechea, que presumiblemente era un buen padre, buen amigo, una persona de bien”. Y finalizó: “Cuando nos sentamos aquí dijimos: ¿con qué prueba el fiscal sostiene esto que no sea otra puesta en escena? Desde el inicio, nada hubo en esta causa; lo que existió fue una puesta en escena.”