Tras el allanamiento a las oficinas de Branka Motors, ocurrido en la noche del miércoles, los damnificados se concentraron este viernes en los tribunales de San Juan para exigir respuestas por la presunta estafa vinculada a la venta de motocicletas. Más de 100 personas presentaron denuncias.

Uno de los afectados, relató a la prensa cómo se concretó la presunta estafa: “Nos estafaron mal. Pagamos en efectivo y nos dieron siete días para retirar las motos, pero nos estiraban el tiempo constantemente. Queremos que den la cara, no solo para nosotros, sino para la justicia”.

Branka Motors dejó de atender presencialmente en sus oficinas en San Juan y está bajo custodia policial. Fotos: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ.

Según los denunciantes, los vendedores habrían utilizado nombres falsos al concretar las ventas.

La incertidumbre y el enojo fueron una constante entre los concentrados. Uno de los damnificados aseguró: “Ni el fiscal ni sus ayudantes nos han atendido. Solo nos dijeron que no nos recibirían”. Los afectados subrayaron que su concentración era pacífica, pero advirtieron que continuarán reclamando respuestas hasta obtener explicaciones claras sobre la causa. “Si no nos dan una respuesta esta semana, volveremos la próxima, y así sucesivamente hasta que alguien nos atienda”, afirmaron.

Allanaron las oficinas de Branka Motors en la investigación por presunta estafa con la venta de motos 0Km. Foto: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ.

Durante la concentración, los afectados contaron que muchos de ellos pagaron grandes sumas en efectivo por motocicletas que nunca recibieron. Los manifestantes coincidieron en que su principal objetivo es que los responsables de Branka Motors enfrenten la justicia y se garantice la devolución del dinero o la entrega de los vehículos adquiridos.

El local de la empresa que sumó denuncias por presuntas estafas. Foto: Maximiliano Huyema/ Diario La Provincia SJ.

El caso aún se encuentra bajo investigación, mientras los damnificados continúan esperando resultados y la justicia evalúa los pasos a seguir. La expectativa entre la población afectada es que, una vez concluidas las pericias y recabada toda la información, se pueda determinar la responsabilidad de los propietarios de la empresa y se dicten las medidas correspondientes.

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