Este viernes se realizó la audiencia de formalización en el marco de la investigación por la falsa amenaza de bomba en la Escuela Boero, ocurrida el pasado 30 de julio. En la causa están involucrados dos alumnos.
La fiscal de la UFI Genérica, Daniela Pringles, explicó durante la audiencia que, tras un trabajo rápido de geolocalización, se pudo determinar que la llamada al 911 se realizó desde el interior de la escuela, específicamente desde el aula de séptimo segunda de Electromecánica. La línea telefónica utilizada pertenece a la madre del joven de apellido F., uno de los imputados.
“El día 30 de julio a las 11:35 horas se realizó un llamado al 911 en el que se anunció que había una bomba en la Boero”, señaló Pringles durante la audiencia.
La fiscal detalló que en ese momento ambos jóvenes se encontraban en el aula junto a sus compañeros. Según la reconstrucción de los hechos, uno de ellos, pidió prestado el teléfono al otro joven, J.F., con la excusa de tomarse una foto. Sin embargo, F. realizó tres llamadas al 911, siendo atendida la tercera, desde la cual se realizó la amenaza.
Una vez recibida la alerta, se activaron todos los protocolos de seguridad: la escuela fue evacuada, se cercó la zona y se realizó un operativo que incluyó un rastrillaje de más de dos horas por parte de la policía, finalizando cerca de las 13:30 horas con resultado negativo.
Durante la audiencia se reprodujo el audio original del llamado que activó la alarma, y se confirmó que la causa está caratulada como “intimidación al orden público”.
La fiscalía solicitó la suspensión del juicio a prueba (probation), una medida que implica la aplicación de condiciones y medidas alternativas al proceso penal. La defensa, por su parte, pidió a la jueza que no se difundan imágenes de los imputados por parte de la prensa.
Las medidas
- El pago de una reparación económica al Estado, estimada en $2 millones por imputado (de un total de $4 millones por el operativo), a pagar en 6 cuotas de $334.000 cada una.
- 24 horas de trabajo comunitario, a cumplir en sus respectivas jurisdicciones en el plazo de 3 meses.
- Participación obligatoria en un curso de reflexión sobre explosivos, dictado por el cuerpo de bomberos.
En este contexto, tanto la Fiscalía como la Defensa manifestaron su conformidad con el pedido.
Cabe recordar que este caso guarda similitudes con un hecho anterior vinculado a una falsa amenaza en el Hospital Rawson, también investigado bajo el delito de intimidación pública.