El violento cruce entre un efectivo policial y un repartidor en moto, ocurrido este jueves en una rotonda de la Capital sanjuanina, sigue sumando repercusiones. El subsecretario de Control de Gestión del Ministerio de Seguridad, Damián Villavicencio, confirmó que ambos involucrados se encuentran detenidos, y que el agente fue suspendido preventivamente mientras avanza la investigación.
“Este fue un hecho aislado, fortuito y circunstancial. El efectivo policial se encontraba franco de servicio. Su accionar será evaluado por la Justicia y también a nivel administrativo”, aseguró Villavicencio en rueda de prensa.
Según los primeros datos que recabaron, el episodio se desató tras una discusión de tránsito entre el policía, que circulaba en su vehículo particular, y un delivery en moto. La situación escaló rápidamente hasta que el efectivo sacó su arma reglamentaria y apuntó directamente contra el joven, en plena vía pública.
El hecho fue advertido por transeúntes y testigos ocasionales que alertaron a las autoridades. Ambos hombres fueron detenidos por personal policial que actuó en el lugar, con intervención inmediata del ayudante fiscal.
El arma reglamentaria y la Ley 298
Villavicencio explicó que, incluso fuera de servicio, los policías están obligados por ley a portar su arma reglamentaria. En ese sentido, citó el artículo 32 de la Ley de Deberes y Derechos del Personal Policial (N° 298).
“El personal policial, en actividad, tiene la obligación de portar su arma reglamentaria las 24 horas. Eso está claramente establecido por la normativa”, remarcó.
Sin embargo, también subrayó que el uso del arma en este contexto será materia de análisis judicial y que, desde la Subsecretaría de Control de Gestión, ya se inició una investigación administrativa paralela.
Villavicencio detalló que la oficina a su cargo ya inició un sumario interno, y que se solicitaron las cámaras de seguridad de la zona, además de testimonios y otras pruebas para esclarecer lo sucedido.
Además, reconoció que el policía ya contaría con antecedentes por otras causas previas. “Pedimos su legajo al D1 para verificar su historial completo. Sabemos que existen causas anteriores y eso será considerado en el proceso”, afirmó.
La causa quedó caratulada como “Amenazas agravadas por el uso de arma de fuego” y es investigada por una Unidad Fiscal de Investigación (UFI).
Desde la subsecretaría aseguraron que se actuará con total transparencia. Villavicencio destacó que hay dos canales de investigación en marcha: la judicial, liderada por la fiscalía, y la administrativa, para determinar si corresponde una sanción disciplinaria o la eventual separación definitiva del cargo.
“No puedo adelantar una opinión sobre el fondo del caso porque soy autoridad de aplicación de medidas disciplinarias. Pero garantizamos un proceso serio y transparente”, concluyó.