Este martes se realizó la audiencia de formalización contra el sindicalista de la Unión Obrera Textil, Hipólito Roberto Vega por 9 hechos, y el empresario de construcción, Francisco Fernández Muñoz (Afcom) por 13 denuncias, acusados de presunta estafa inmobiliaria que involucran la venta de inmuebles en los barrios Nogales VII y Textil II.
Tras la presentación de las partes y ponderando los elementos de convicción, la jueza Celia Maldonado decidió otorgarles un año de investigación penal preparatoria a ambos, además de 20 días de prisión preventiva que pueden extenderse en las comisarías donde están alojados: Hipólito Roberto Vega en la dependencia Nº 36 y Fernández en la Nº 6 y también se dispuso la inhibición de bienes y cuentas bancarias. Por otro lado, se negó a imponer embargos a Miguel Aciar copropietario de Afcom por encontrarse prófugo.
Una de las posibilidades es llegar a una medida de reparación en caso de que se compruebe el fraude. El defensor de Vega, César Jofré, estimó que el valor del arreglo al que se puede llegar es de un vehículo nuevo, aproximadamente por las nueve presentaciones en su contra, pero desde la fiscalía creen que no sería suficiente.
“Debo decir que la suma no es varias veces millonaria como dice el señor fiscal. Estaríamos hablando de 2 millones, 3 millones, multiplicados por 9, estaríamos hablando de 40 o 50 millones, una Toyota 0 kilómetro”, dijo Jofré al momento de su exposición. Al respecto, agregó: “Es una suma que se ha quedado adeudada y que el señor Vega tiene la suficiente solvencia y la hombría de bien para reparar ese daño”.
En esta línea, puso énfasis en el pedido de que la prisión preventiva sea en su domicilio, a fin de poder gestionar estas devoluciones por medio del apoyo del sindicato a nivel nacional. “No hay ardid, mala intención, no se vendieron 10 veces los mismos lotes como hemos visto en otras causas que han tomado público conocimiento”, dijo y aseguró que la idea era hacer un barrio y que “falló la empresa constructora”.
También pidió la devolución de una computadora que está vinculada a la causa porque contiene datos e información referida a la actividad sindical.
Por su parte, el fiscal Duilio Ejarque precisó a Diario La Provincia SJ que, en este caso, “estamos ante nueve denuncias y una de esas denuncias comprende 43 personas damnificadas”. Al respecto, agregó: “Están los datos consignados y los recibos; en los contratos están los certificados con las firmas de escribanos donde se certifican los montos por los cuales habrían acordado por ventas de lotes”, y rondarían los valores entre 2 y 3 millones. No descarta que aparezcan más casos y tampoco solicitar una garita especial para recibir denuncias espontáneas como en otros casos relacionados con estafas por venta de lotes.
La ayudante fiscal Berbari había considerado que es una investigación muy reciente, que está en estado “incipiente”, considerando que Nogales VII tiene 105 lotes. “Lo que se estaba ofreciendo tanto en Textil II en los grupos de WhatsApp, más la presentación que ha hecho la agrupación de vecinos, consideramos la existencia de 15 personas más, por lo que consideramos que van a existir nuevas denuncias”, dijo en su presentación ante la jueza, y que “la fiscalía va a llamar a las personas que surjan de la documentación secuestrada”.
Este fue el principal motivo para rechazar la modificación del pedido de prisión preventiva de 6 meses que originalmente había solicitado el MPF. “La prisión preventiva en un domicilio lo único que inhabilita es la libertad física, pero en los tiempos que corren sabemos que el contacto con los testigos y el entorpecimiento de la investigación puede hacerse por cualquier otro medio de comunicación”, cerró.