Este martes se llevó a cabo una audiencia clave en el marco de la investigación por presuntas estafas con la venta de lotes para la construcción de los barrios Textiles II y Nogales VII. La jueza de garantías Celia Maldonado definió el embargo para los tres imputados: el sindicalista Roberto Vega y los empresarios de construcción Francisco Fernández Muñoz y Miguel Aciar, ambos socios en la empresa Afcom S.R.L., por una suma de $433.000.000.
Según explicaron desde el Ministerio Público Fiscal, es un monto provisional que contempla unas 117 denuncias formalizadas: 47 en Nogales VII y otras 70 en el Barrio Textil II. Sin embargo, aún quedan más por formalizar o ratificar, por lo que la cifra es provisional y puede incrementarse. En concreto, el monto provisorio del embargo es de $344.500.000: para Vega, $89.000.000; para Francisco Fernández, y la suma de los dos, unos $433.000.000 para Miguel Aciar, quien es el más complicado.
Esto se suma a las medidas coercitivas contra los acusados, que incluyen una inhibición general de bienes para sus familias, de manera que todo bien rentable no se podrá comprar ni vender, además de la prisión preventiva hasta el 24 de agosto. Se trata de un dato determinante, ya que sería el primer acercamiento a la cantidad de dinero que es reclamado por más de un centenar de presuntos damnificados.
“La jueza ha determinado la inhibición general de los bienes de todos los imputados”, expresó el fiscal Duilio Ejarque a Diario La Provincia SJ. Al respecto, agregó: “El Banco Central tenía lo que era un importe embargado para las cuentas bancarias; el cálculo del ministerio público ha sumado el importe que sería el perjuicio para todos los damnificados”.
La cuenta se efectuó con la suma de los comprobantes de pago más los intereses correspondientes a la fecha. En paralelo, la fiscalía trabaja en definir el valor real de los bienes y cuentas bancarias de Vega, Fernández y Aciar.
Cabe remarcar que una de las denuncias por el barrio Textiles II ha unificado unos 48 casos que son llevados por la letrada Cristina Ferreira, como querellante. Estos están citados periódicamente para hacer un control, a los fines de comparezcan ante fiscalía y amplíen su denuncia.
A estos se sumarían otros 28 damnificados más, eventualmente en una próxima audiencia. En este sentido, Ejarque remarcó que el carácter de esta cifra, “es provisorio porque es de las causas que han sido formalizados se puede ir actualizando conforme a las denuncias y al paso del tiempo”.
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