Finalmente, el empresario de la construcción Miguel Ceferino Aciar compareció ante la justicia este viernes tras entregarse, acusado de presuntas estafas con la venta de lotes en los barrios Textil II (denuncias) y Nogales VII (12 denuncias). El hombre, que permaneció evadido durante 5 días, es copropietario de la empresa DGA Construcciones.
La jueza Celia Maldonado determinó que Aciar quedara preso por un lapso de 20 días en el marco de la prisión preventiva en la subcomisaría de Médano de Oro. Además, se estableció un año de investigación penal preparatoria y la inhibición de bienes y cuentas bancarias tanto de la empresa como personales y de su familia.
El primer episodio de la causa resultó en las detenciones de Roberto Vega, secretario general de la Unión Obrera Textil, y Francisco Fernández Muñoz. Vega había quedado detenido el pasado.
La defensa, a cargo de Lidia Román, reclamó sobre la situación que llevó a que Aciar fuera considerado prófugo. Este hecho fue negado por la letrada, quien consignó que no había sido notificado adecuadamente. Al término de la audiencia, esta parte convalidó la acusación y habló de una eventual “reparación”, poniendo énfasis en la colaboración del acusado en la resolución de la causa.
Por su parte, la fiscalía, encabezada por Duilio Ejarque, expuso elementos de convicción para sostener la comisión de un hecho delictivo y la participación del imputado, basándose en la existencia de 12 denuncias del barrio Nogales VII y 9 denuncias del barrio Textil II.
“Los terrenos en los cuales se iba a hacer el barrio Nogales VII no corresponden de propiedad a la empresa; esto nunca fue manifestado a los compradores“, dijo la jueza en la fundamentación de las medidas.
“La fecha de los contratos data de 2019, cuya situación no se ha regularizado hasta el momento de la acusación. Según reveló, todos los contratos, excepto dos, llevan la firma de Aciar“, expuso Maldonado.
La situación es similar en el caso del barrio Textil II; de igual manera, la empresa no es propietaria del terreno. Allí había una operatoria en la que interviene el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que no ha sido constatada. La tipificación del hecho requiere una medida coercitiva, a la cual se le suma el pedido de captura sobre Aciar.
“El artículo de peligro de fuga influye para influir a testigos para que se comporten de manera desleal o reticente“, expresó la magistrada. A esto se sumaron una serie de audios en los que habría comunicado que se está “solventando” para poder afrontar el cumplimiento de los contratos y dejar sin efecto las denuncias.
La pericia médica determinó que, pese a que alegó enfermedad, puede permanecer en una dependencia policial. A pedido de la defensa, se fijó la Subcomisaría Médano de Oro, ya que queda cerca de su casa en el departamento de Rawson.