La Justicia resolvió este martes dejar sin efecto la prisión preventiva que pesaba sobre uno de los imputados en una causa por robo agravado y ordenó su inmediata libertad, aunque bajo estrictas medidas de coerción.

La decisión fue adoptada durante una audiencia de revisión de medidas cautelares en el marco de la investigación que involucra a 3 hombres.

La resolución judicial

Según lo resuelto por la magistrada, se dejó sin efecto la prisión preventiva que había sido impuesta oportunamente al imputado. En consecuencia, se ordenó su libertad, salvo que exista algún requerimiento de otra autoridad judicial.

No obstante, la jueza dispuso una serie de medidas coercitivas que deberá cumplir mientras continúe el proceso penal.

Quedó en libertad uno de los acusados y seguirá bajo restricciones. Foto: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ

Las medidas impuestas

Entre las restricciones fijadas por el tribunal se encuentran:

  • La obligación de someterse al proceso penal y no obstaculizar la investigación.
  • Presentarse una vez por mes en la Comisaría 38, correspondiente a la jurisdicción de su domicilio.
  • No salir del territorio provincial sin autorización judicial previa.
  • La prohibición de acercamiento y de cualquier tipo de contacto con las víctimas y testigos de la causa.

Además, la resolución establece que no podrá realizar actos molestos o perturbatorios, ni comunicarse de manera directa o indirecta por ningún medio, incluyendo redes sociales, telefonía fija o móvil.

Prohibición de acercamiento

La medida también contempla la prohibición de acercarse a las personas protegidas por la resolución judicial, tanto en la vía pública como en sus domicilios, lugares de trabajo o espacios de recreación, debiendo mantener una distancia mínima de 500 metros.

Durante la audiencia se indicó que la Investigación Penal Preparatoria (IPP) tiene como fecha de vencimiento el próximo 5 de agosto de 2026. En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal solicitó que las medidas de coerción permanezcan vigentes hasta esa fecha.

La prisión preventiva que cumplía el imputado había alcanzado un plazo de cuatro meses y, tras su vencimiento, la Justicia resolvió reemplazarla por las restricciones impuestas en la audiencia de revisión.