La causa fue tramitada en Flagrancia y concluyó con una suspensión del juicio a prueba. Los imputados que fueron detenidos mientras robaban elementos en una mina de Angaco deberán pagar una compensación económica, realizar tareas comunitarias y cumplir estrictas restricciones.
Una causa penal vinculada a un hecho ocurrido en una explotación minera del departamento Angaco tuvo una resolución alternativa luego de que el Ministerio Público Fiscal prestara conformidad para la aplicación de una suspensión del juicio a prueba, mecanismo que finalmente fue homologado por la Justicia.
La medida se adoptó en el marco de un expediente tramitado por el Sistema Especial de Flagrancia y estuvo orientada a brindar una solución concreta al conflicto penal, contemplando tanto la reparación a la víctima como el cumplimiento de obligaciones por parte de los imputados.
Según se informó, la propuesta fue analizada teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la participación de las partes involucradas y la posibilidad de alcanzar una respuesta que permitiera reparar el daño ocasionado.
Reparación económica y tareas comunitarias
Entre las condiciones impuestas se estableció el pago de una reparación económica de $3.000.000 a favor de la víctima, además de la realización de 100 horas de trabajos comunitarios.
A ello se sumó la obligación de cumplir una serie de reglas de conducta durante el plazo fijado por la Justicia, cuyo incumplimiento podría derivar en la revocación del beneficio.
Las restricciones impuestas
Entre las medidas ordenadas se dispuso la prohibición de acercamiento al lugar donde funciona la explotación minera involucrada en el conflicto.
También se prohibió cualquier acercamiento a los propietarios o responsables de la mina, así como la realización de actos de molestia, intimidación, hostigamiento, perturbación o cualquier otra conducta que pudiera afectar a la víctima, a sus allegados o al establecimiento relacionado con los hechos investigados.
Además, los imputados deberán respetar todas las pautas de conducta establecidas judicialmente durante el tiempo que dure la suspensión del proceso.
La postura de Fiscalía
Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que el consentimiento otorgado respondió a que la propuesta constituía una respuesta razonable, útil y controlable para la resolución del conflicto.
La decisión se apoyó en los principios establecidos por la Ley 1851-O, normativa que promueve mecanismos alternativos para la solución de conflictos penales, priorizando la reparación del daño, la participación de las víctimas y la pacificación social.
Finalmente, el juez Ricardo Grossi homologó la suspensión del juicio a prueba, por lo que los imputados quedaron sujetos al estricto cumplimiento de todas las obligaciones y restricciones impuestas por la Justicia.
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