Este martes, el juicio oral por presuntas estafas perpetradas por la empresa Garder a la Obra Social Provincia tuvo su etapa de alegatos, que presentó varios giros sorprendentes. Por un lado, el Ministerio Público Fiscal, encabezado por Iván Grassi, pidió el sobreseimiento de 2 de los 4 imputados y solicitó que la pena para Marilina De la Fuente, apoderada de la empresa, y el doctor Eduardo Guzmán, sea de 3 años por fraude a la administración pública y adulteración de documentos, con cumplimiento efectivo y no en suspenso, como se había solicitado originalmente.
De la Fuente y Guzmán, a la cabeza de Garder, están imputados por supuestos hechos en los que se facturaba a la OSP por servicios que no se prestaban en la realidad. Según lo expuesto, se trata de 126 casos, 16 relacionados con intervenciones a pacientes de avanzada edad en internaciones domiciliarias por la implementación de sondas y vías, y otros 8 casos vinculados a alimentación que no se habrían efectuado.
La parte querellante, la Fiscalía del Estado, representada por Ricardo Lorenzo, José Fraile y Claudio Herrera, se adhirió al pedido de sobreseimiento de la fiscalía y validó los recursos presentados. Sin embargo, se diferenció en el pedido de la pena y triplicó la apuesta, aduciendo que, por delitos similares en la provincia de San Juan, hubo una condena a 5 años por un solo hecho.
“La Fiscalía del Estado de la provincia de San Juan pide 9 años de prisión para Marilina De la Fuente y el Dr. Adrián Guzmán por la comisión de los delitos establecidos en el artículo 164, inciso de estafa a la administración pública y en concurso ideal por la falsificación de documentos privados“, dijo Herrera. A esto agregó una inhabilitación perpetua para ser funcionario público para Guzmán y suscribió al pedido de sobreseimiento de Molina y Becerra.
Hubo ardid en la facturación en contra de la Obra Social Provincia, obra social de todos los empleados públicos, incluidos los municipales”, alegó el fiscal Grassi. Según manifestó, en algunos casos se habrían facturado intervenciones, cuando se fue a fiscalizar dichas intervenciones, ya se habían efectuado por medio de otros sanatorios u hospitales públicos, pero se cobraron igual por períodos de hasta ocho meses.
Respecto del pedido de desvinculación de María Florencia Molina, hija de la principal imputada, le dio el beneficio de la duda. Si bien había sido sindicada como la responsable de la empresa, testimonios ubicaron a la madre, De la Fuente, en esa función y hasta se dijo que podría ser una víctima, considerando que, en plena confianza con su madre, la joven tenía escasa experiencia en facturación. “Es una persona que ignora totalmente los procedimientos de facturación y sólo firmó a petición donde le dijeron que tenía que firmar”, dijo su abogado. Y apuntó contra De la Fuente: “Cuando se le da la administración a Molina, se le dan también las acciones, el control total societario estaba en manos de una persona; ella maneja todo. Esa ingeniería delictiva que marcó el fiscal que se necesita, María Florencia no es ese ingeniero”, dijo el abogado Diego Molina al solicitar la absolución.
En el caso de Becerra, resultó similar, ya que como no hubo acusación, no se le puede imputar un delito. Por lo que la defensa solicitó que se formalice la desvinculación, estaba acusada por lesiones culposas. “Ante la falta de Acusación del Ministerio Publico Fiscal y los representantes de Fiscalía del estado tampoco acusan a mi cliente, mencionan el beneficio de la duda esta defensa va a solicitar que la absolución”, dijo el defensor.
