Tras la decisión de Fiscalía de Estado de accionar en lo civil por Daños y Perjuicios contra los responsables de 16 amenazas de bomba contra edificios públicos de San Juan, hubo novedades de los pasos siguientes.
“Procederemos a iniciar demandas por Daños y perjuicios contra las personas que lo hayan efectuado: si son mayores contra ellos mismos y si son menores de edad contra los padres. Ellos tienen la responsabilidad parental de acuerdo a lo que dice la ley y se tienen que hacer cargo del proceder de sus menores”, destacó el fiscal Dr. Sebastián Dávila en radio Sarmiento.
Se trata de un juicio civil ajustado a derecho y no un procedimiento especial, señaló el fiscal. “Tenemos un daño directo y palpable que es el costo del operativo: la asistencia de la policía, de bomberos y el uso de la tecnología. Después tenemos algo que llevó un poco más de tiempo para probar, que es la paralización de la función del Estado en el ámbito que sea. Esto es contra escuelas, en las que el docente que deja de trabajar, y edificios públicos, donde se deja de prestar el servicio y el Gobierno igual debe pagar su jornada”, marcó.
Fiscalía accionará contra los 16 casos de falsas amenazas de bomba para los que generó pedidos de informes. “Una vez que los tengamos, ahí cuantificamos el valor de cada cual, de acuerdo a las personas afectadas y el momento del día en que se hizo el llamado. Se llegará a un valor promedio y $4 millones es el piso e irá variando de acuerdo a cada caso“, dijo.
Posibles embargos
Davila destacó que quienes no puedan afrontar los costos, por la vía civil, “se podrá embargar. Es lo que se hace habitualmente en un juicio de índole civil. Es decir, este, si no pueden pagar el monto de sentencia, una vez que se ha finalizado el proceso, se buscan bienes para ejecutar sean inmuebles, autos, o lo que sea”, dijo.
El fiscal destacó que, con esta decisión del Gobierno provincial, “esperemos que dé resultados, porque nosotros tenemos que tratar de que esto no se reitere porque altera la paz social”.
Lo que viene
El funcionario expresó que “a partir de la semana que viene ya vamos a estar en condiciones de iniciar los reclamos. Cuando la provincia es parte en un proceso, tiene una mediación previa, previsto en la ley 883. Entonces tenemos que hacer una presentación con un formulario, efectuando el reclamo para que la primer instancia sea, precisamente, una mediación. Insisto en que se aplicará para todos los casos, que son 16″.
En un proceso civil, detalló que hay una sentencia y que una vez que esté firme, el sentenciado tiene 10 días para cancelar el monto establecido.
