En la antesala del esperado fallo en la denominada megacausa de expropiaciones, el Fiscal de Estado, Sebastián Dávila, lanzó una contundente advertencia sobre las posibles consecuencias económicas que enfrentaría la provincia en caso de que los imputados no sean obligados a devolver el dinero involucrado en el fraude.
“Es muy peligrosa la circunstancia”, expresó Dávila este viernes en declaraciones a radio Sarmiento, al referirse al escenario que podría abrirse si la Justicia dispone la restitución de los fondos a los imputados. “Son muchas causas las que están involucradas en el tema, porque tenemos hechos consumados y algunos en grado de tentativa. Lo que se ha producido es aproximadamente, 15 o 16 causas civiles“.
Luego explicó que “lo que han percibido los reimputados, se han calculado distintas actualizaciones en los distintos procesos, por eso es complejo. En valor dólar, más o menos estimativamente, han sido 15 millones de dólares lo que han percibido estimativamente en sus procesos y lo que está latente de ejecución son aproximadamente, alrededor de 270 millones de dólares“.
“Si fuese directamente hacia la provincia, pondría en jaque las arcas provinciales”, remarcó el fiscal, quien subrayó la complejidad del caso y la diversidad de causas civiles asociadas, que sumarían entre 15 y 16 expedientes.
Una sentencia clave tras 15 años de investigación
La megacausa de expropiaciones se inició en 2010 y expuso un entramado de corrupción en el que se investigaron pagos sobredimensionados por terrenos expropiados en zonas estratégicas como el Parque de Mayo, Cuesta del Viento y Canal Benavídez. El proceso judicial involucra a más de una docena de imputados, entre ellos exjueces, fiscales, funcionarios públicos y peritos.
El principal acusado, Santiago Graffigna, enfrenta pedidos de pena que van de 15 a 25 años de prisión. Sin embargo, más allá de las condenas penales, el foco de atención está puesto en la posible recuperación del dinero para el Estado.
El fallo será conocido este viernes al mediodía, y según anticipó Dávila, no se espera que los fundamentos estén disponibles de inmediato. “Están todas las partes preparadas para iniciar una revisión recursiva si es necesario”, afirmó, aclarando que será crucial conocer los argumentos del tribunal para evaluar un eventual recurso.
“Prefiero este tipo de proceso, a pesar de las demoras, porque asegura el derecho de defensa. Debería ser más rápido y contundente, pero confío en que se hará justicia”, reflexionó Dávila, quien destacó el trabajo del equipo encabezado por el doctor Rubén Pontoriero y otros profesionales de la Fiscalía de Estado.
La gran incógnita es qué ocurrirá si la sentencia no obliga a los acusados a devolver el dinero presuntamente malhabido. Dávila fue claro: “Dependemos de los fundamentos del fallo. Veremos qué dice y en qué se apoya la decisión. Lo que está en juego no es sólo lo ya cobrado, sino lo que podría ejecutarse en el futuro. Es muchísimo dinero”.
En ese sentido, el fallo de este viernes no solo determinará responsabilidades penales, sino que podría tener implicancias económicas históricas para San Juan.