La tensión por los límites entre La Rioja y San Juan volvió a escalar y ahora se traslada al plano político y judicial. El gobernador riojano Ricardo Quintela envió a la Legislatura un proyecto de ley que busca reposicionar el reclamo territorial de su provincia sobre sectores cordilleranos considerados clave por su riqueza minera y disponibilidad de recursos hídricos.
La iniciativa apunta directamente contra el acuerdo limítrofe firmado en 1968 durante gobiernos de facto, al que pretende dejar sin efecto por considerarlo inválido desde su origen. En paralelo, propone avanzar con acciones legales inmediatas para evitar que se consoliden derechos sobre las zonas en disputa mientras no exista una resolución definitiva.
Un planteo legal para frenar avances en zonas en disputa
El proyecto faculta a la Fiscalía de Estado a intervenir de manera urgente ante la Justicia con pedidos de medidas cautelares. El objetivo es impedir cualquier tipo de actividad —ya sea explotación, concesión o desarrollo administrativo— en los territorios cuestionados.
Desde el Ejecutivo riojano sostienen que los límites interprovinciales solo pueden ser definidos por el Congreso de la Nación, por lo que rechazan de plano la validez de normas dictadas en contextos no democráticos. Bajo esa premisa, advierten que el acuerdo vigente habría perjudicado a la provincia en términos territoriales.
Además, el texto contempla la posibilidad de accionar contra empresas o terceros que operen en esas áreas, en un intento por resguardar lo que consideran patrimonio provincial.
Minería, agua y un conflicto que busca llegar al Congreso
El trasfondo económico aparece como un factor determinante. Las zonas en discusión concentran proyectos mineros de gran escala y recursos naturales estratégicos, lo que elevó el interés político en la región.
Como parte de la estrategia, el oficialismo impulsa la creación de una comisión legislativa permanente que seguirá de cerca el conflicto y aportará respaldo técnico con especialistas en distintas áreas.
A su vez, el gobierno de Quintela busca que la disputa sea tratada a nivel nacional mediante una ley que establezca los límites definitivos. Con mayoría propia en la Legislatura, el proyecto tiene altas probabilidades de avanzar y podría marcar el inicio de una etapa más intensa en una disputa histórica que ahora suma mayor peso institucional.
