No sólo que respondan a causas penales sino también civiles. Ése es el objetivo sobre el que ahora se trabaja con el fin de frenar la ola de amenazas de bomba que se vienen sucediendo en la provincia. En lo que va del año ya sumaron 15 falsos llamados y si bien se aplica multas millonarias a los que llaman, las “bromas” no merman.
El fiscal de Estado, Sebastián Dávila explicó que están analizando el futuro accionar tanto para los menores de edad que llaman para amenazar a escuelas como para los adultos que lo han hecho en otros ámbitos como hospitales, Centro Cívico y estadio Aldo Cantoni. “Estamos tratando de solucionar todos los aspectos tanto en uno como en otro ámbito, si bien es distinto porque hemos podido lograr que las personas adultas se hicieran cargo, por lo menos del operativo. Estamos evaluando también tomar otras medidas porque la verdad que no podemos estar bajo estas circunstancias, es algo molesto, es algo que realmente no beneficia a nadie y bueno tenemos que tratar de darle un corte”, explicó en radio Sarmiento.
Entre las medidas que están evaluando está iniciar acciones civiles contra las personas que han provocado daños producto de la amenaza de bomba. “No es solamente el costo del procedimiento, el daño que causan sino que también en el caso de las escuelas por ejemplo el hecho de que se paralice la actividad donde un profesor o un maestro no puede trabajar porque tiene que respetar los protocolos de seguridad y todo el funcionamiento del establecimiento se paraliza”, agregó subrayando que “eso también genera un daño al estado”.
El Fiscal de Estado señaló que “hay que dirimir más en la parte civil que provocan un perjuicio importante al funcionamiento de algunos organismos del Estado”. La idea es aplicarlo en todas aquellas personas que han cometido este tipo de delitos.