La polémica por el nuevo protocolo de comunicación del Ministerio Público Fiscal de San Juan sumó este viernes la respuesta oficial de uno de sus principales impulsores. El fiscal general Guillermo Baigorrí, defendió en Radio Sarmiento la medida, que también fue cuestionada por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), y aseguró que el objetivo es “mejorar” y “profesionalizar” la difusión de información vinculada a las causas judiciales de alto impacto.
Según explicó, la creación de una oficina específica de comunicación busca brindar asistencia a fiscales y asesores cuando deban informar sobre expedientes que generan un fuerte interés público.
“Queremos una comunicación más ordenada y certera”
Baigorrí señaló que la intención es que los funcionarios judiciales cuenten con el respaldo de profesionales especializados en comunicación para transmitir información de manera clara y ajustada a la ley.
“Lo que estamos tratando de hacer es facilitar la tarea de los fiscales poniéndoles a disposición una oficina específica de comunicación. Queremos que la comunicación sea mucho más ordenada, asertiva y coherente, con mensajes que no presten a confusiones y estén respaldados por la legalidad”, sostuvo.
Asimismo, remarcó que la iniciativa también apunta a favorecer el trabajo de los medios y garantizar que todos tengan las mismas posibilidades de acceder a información relevante.
Negó restricciones a la libertad de prensa
Tras el pronunciamiento de ADEPA, que calificó al protocolo como “un antecedente preocupante para la libertad de prensa”, Baigorrí rechazó esa interpretación y aseguró que no existe ninguna limitación para los periodistas ni para los fiscales.
“No hay ningún tipo de restricción a la libertad de expresión ni una lesión al derecho a la información de los medios o de la ciudadanía. Al contrario, los fiscales son quienes conocen las causas y son los únicos que pueden definir qué se puede comunicar, cómo y cuándo hacerlo“, afirmó.
Las consultas directas seguirán siendo posibles
El funcionario aclaró además que los periodistas continuarán teniendo contacto directo con los fiscales, especialmente en aquellos casos donde se requiera información puntual o secundaria.
“Va a seguir existiendo la posibilidad de pedirle información a un fiscal. Si se trata de cuestiones que no afectan el desarrollo de la causa ni generan desigualdad entre los medios, podrán responder como hasta ahora“, indicó.
Sin embargo, explicó que cuando se trate de novedades de trascendencia pública, la intención es que la información se canalice a través del área de comunicación institucional para asegurar un tratamiento profesional y garantizar que todos los medios reciban la información en igualdad de condiciones.
“Lo que aspiramos es a que la comunicación sea lo más profesional y certera posible”, concluyó Baigorrí.
