En el inicio de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego hizo alusión a la modificatoria de la Ley de Transporte. En ello, un sector contemplado es el de remises y se está trabajando entre Tránsito y Transporte y los referentes del rubro para ordenar un aspecto importante: las licencias para trabajar.

“Estamos trabajando con todos los sectores y en especial, el de taxis y remises es más diverso que el de los colectivos. El derecho a trabajar en regla, con su licencia es central y se buscará modificar todos aquellos resquicios que la ley actual dejó y que generó alquileres de los permisos para trabajar”, destacó el secretario del área, Marcelo Molina a Diario La Provincia SJ.

Expresó que “hay situaciones a corregir” como la titularidad de las licencias. “La ley actual permite que una persona física y jurídica tenga hasta el 7% de licencias. El objetivo es corregir esta situación, ser claros y avanzar en ello junto a los sectores interesados. Hay elemento legales a considerar para esto y varios temas más”, dijo sobre una de las quejas recurrentes de los choferes.

Muchos conductores de remises alquilan licencias a un tercero.

Puntualizó en que “la licencia es un permiso que el Estado le da a un ciudadano para trabajar y prestar un servicio. Y hay personas con licencias que decidieron alquilarlas porque hay una “ventana” en la ley. Eso es lo que debe eliminarse para que no haya “grises”.

Molina señaló que “la norma legal está atrasada y desactualizada ya que respondía a tiempos en los que el sistema de transporte era otro y la tecnología, también.”.

Apps de autos de alquiler

Molina mantuvo la posición de Tránsito y Transporte respecto a las aplicaciones como Uber y la reciente DiDi: “el sanjuanino que se sube a un auto que trabaja con una app debe tener en claro que el servicio lo brinda el conductor en su auto; no la aplicación. Por eso, las responsabilidades son del chofer y la aplicación es un tercero que intermedia, entre el que pide el servicio y el que lo presta“.

Explicó que “las aplicaciones deben ajustarse a la ley y no consideran lo que la provincia establece como normativa”.

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