San Juan se sumó a otras provincias y ciudades que prohíben cualquier tipo de local donde se comercie o facilite la prostitución y la oferta sexual, medida que permite “encontrar a las víctimas”, dijo un especialista.
El gobierno sanjuanino reglamentó la ley provincial que prohíbe el funcionamiento de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites, saunas, establecimientos o locales de alterne, donde se comercie o facilite la prostitución y la oferta sexual.
La norma “fue reglamentada por el Poder Ejecutivo y entró en vigencia”, dijo el ministro de Gobierno de San Juan, Adrián Cuevas, quien adelantó que “los operativos para terminar con la trata de personas comenzarán de manera inminente”.
La ley fue votada en noviembre último por la Cámara de Diputados y está destinada a evitar que “se realicen, toleren, promocionen, regenteen, organicen o de cualquier modo se faciliten actos de prostitución u oferta sexual, cualquiera sea su tipo o modalidad”.
Este tipo de medida “nos permite encontrar a las víctimas. Clausurar estos lugares es la forma de rescatarlas”, dijo a Télam Viviana Caminos, directora del programa de Rescate y Acompañamiento a Personas Víctimas del Delito de Trata de la provincia de Buenos Aires.
Con mucho años de trabajo al frente de la Red Nacional Alto al Tráfico, la Trata y la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y adolescentes (RATT), la especialista aseveró que “cuando se entrevista a las víctimas queda claro que estos lugares son de explotación sexual”.
Caminos recordó que la legislación argentina “deja en claro que hay explotación sexual y no hace falta consentimiento de la víctima. Es un delito”.
La flamante ley sanjuanina “faculta a la División Leyes Especiales de la Policía para que controle y realice las auditorías pertinentes en todos estos establecimientos en todo el territorio provincial”, explicó el ministro Cuevas.
Los agentes de policía “intervendrán acompañados de integrantes de un equipo técnico que se ha constituido con profesionales de la justicia, abogados, trabajadores sociales, psicólogos y médicos quienes intervienen en el preciso momento en el que se está realizando el operativo”, agregó.
El funcionario señaló que “si se constata que hay explotación sexual, se labra un acta que es remitida al juez, pero se procede a la inmediata clausura del local y luego es el juez quien dispone el cierre definitivo”.
Finalmente, aclaró que la normativa “no prevé sanciones pecuniarias, porque el objetivo fundamental es la prohibición absoluta del local”.
Asimismo ratificó que “el cierre de los locales donde se constaten violaciones a la ley se realizará con o sin consentimiento de la víctima de la explotación sexual”, a las que se les proporcionará contención desde el Estado.
En Argentina varias provincias y ciudades se han declarado `libres de prostíbulos` tomando una medida similar a la sanjuanina, siendo la pionera Santa Rosa, capital de La Pampa, a la que se sumaron Paraná, en Entre Ríos, la capital tucumana, San Luis y varias localidad bonaerenses y de otros lugares del país.
Fuente: Télam