El hallazgo de dos residencias para adultos mayores que funcionaban de manera ilegal en San Juan encendió las alarmas en el Ministerio de Salud. Tras una serie de denuncias anónimas y controles realizados por equipos interdisciplinarios, las autoridades confirmaron que ambos lugares operaban sin habilitación y alojaban a 26 personas al momento de la intervención.
La situación derivó en la clausura inmediata de los establecimientos y en el inicio de actuaciones ante el Tribunal de Faltas.
Desde la cartera sanitaria explicaron que todo comenzó luego de recibir reportes sobre tres lugares que funcionarían como geriátricos sin autorización. A partir de allí, se activó un operativo de fiscalización encabezado por personal de Regulación y Control de Gestión.
Denuncias y controles
Según informaron desde Salud, durante las inspecciones se constató que uno de los sitios denunciados ya no estaba operativo, mientras que en los otros dos sí había residentes viviendo en el lugar.
En total, encontraron 26 adultos mayores: 14 en una residencia y 12 en la otra.
Desde el Ministerio de Salud indicaron que cualquier ciudadano puede realizar una denuncia y automáticamente se activan los controles operativos. Además remarcaron que las residencias deben cumplir estrictos requisitos para poder funcionar legalmente.
Entre las exigencias figuran condiciones edilicias adecuadas, medidas de seguridad, controles médicos periódicos, presencia de personal de enfermería y documentación reglamentaria vigente.
Las condiciones que específica la ley
Desde Salud insistieron en que existe una normativa específica que regula el funcionamiento de estos espacios. Se trata de la Ley 1626, que establece todos los requisitos necesarios para habilitar una residencia de adultos mayores.
En ese sentido, detallaron que las habilitaciones definitivas tienen una duración de tres años, aunque también pueden otorgarse autorizaciones provisorias cuando restan completar algunos requisitos menores.
Uno de los puntos que más preocupación generó fue el futuro de los adultos mayores que vivían en estos lugares clausurados.
Las autoridades dieron un plazo de 15 días para que las familias puedan reorganizar la situación y trasladar a los residentes hacia instituciones habilitadas o espacios adecuados.
Desde la cartera sanitaria insistieron en la importancia de denunciar posibles situaciones de irregularidad, abandono o maltrato.
Las denuncias pueden realizarse de manera presencial en la Dirección de Regulación y Control de Gestión, ubicada en el tercer piso del Centro Cívico, o telefónicamente al 4305819.
Además, recordaron que los operativos de fiscalización están integrados por profesionales de enfermería, farmacia, medicina y trabajo social, quienes controlan desde la alimentación hasta las condiciones generales de vida de los residentes.
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