En el Servicio Penitenciario Provincial de San Juan, el uso de celulares no está habilitado de forma libre, pero tampoco se utilizan inhibidores de señal como ocurrió años atrás. En cambio, se aplica un plan de comunicación controlada que garantiza el derecho de las personas privadas de libertad a mantenerse en contacto con el exterior, bajo un régimen estricto y supervisado por las autoridades penitenciarias.
“El tema es que hoy día, en el Servicio Penitenciario, rige una ley que se llama Ley de Ejecución Penal, que establece cuál es el derecho de comunicación de las personas privadas de la libertad”, explicó a Diario La Provincia SJ el secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado.
A diferencia de lo que ocurre en otros penales del país, en el penal de Chimbas el ingreso de celulares personales está completamente prohibido. Sin embargo, cada pabellón cuenta con un celular corporativo provisto por el Estado, y su uso está estrictamente regulado.
“¿Cómo cumple el servicio penitenciario con este derecho de comunicación? Dando un teléfono celular corporativo por pabellón. Y de cada llamada interna debe tramitar su pedido, anotarse, y cuando se ejecuta, la autoridad penitenciaria determina el número que llama, el horario y el momento que habló. Todo controlado desde el interior”, detalló Delgado.
De este modo, los internos pueden ejercer su derecho a comunicarse, pero dentro de un marco legal y bajo supervisión directa, lo que permite evitar situaciones de riesgo como extorsiones, estafas telefónicas o amenazas desde el interior de la cárcel.
Por qué ya no se usan inhibidores de señal
En años anteriores, el Servicio Penitenciario Provincial implementó inhibidores de señal celular para bloquear el uso indebido de teléfonos móviles dentro del penal. Sin embargo, esta tecnología generó más inconvenientes que soluciones.
“El sistema que tiene hoy de inhibidores producía más daño que solución. Porque en realidad el inhibidor que usaban afectaba toda la zona. Entonces no funcionaban los celulares de viviendas de la gente, ni los mismos celulares de los penitenciarios”, explicó el funcionario.
Ante ese problema, la provincia decidió suspender la aplicación de inhibidores y avanzar con un modelo más efectivo: el control estricto del derecho de comunicación, acompañado de requisas constantes para detectar el ingreso de teléfonos no autorizados.
Pese a las medidas de control, el ingreso de celulares de forma clandestina es una realidad que no se niega desde el Ministerio de Seguridad. Por eso, una de las herramientas fundamentales es la requisa por sectores, que se realiza de manera periódica y sistemática.
“La persona privada de libertad siempre va a buscar infringir la ley o cometer un acto no permitido dentro del servicio penitenciario. Esa es una realidad. Ante esa realidad, el servicio penitenciario trabaja diariamente con la requisa por sector para determinar y sacar todo aquel elemento que no está permitido”, sostuvo Delgado.
Estas inspecciones permiten confiscar celulares, chips, cargadores y otros objetos prohibidos, y son parte de una política penitenciaria que busca mantener el orden interno sin vulnerar los derechos de los internos.