Con la mirada puesta en el traspaso definitivo del edificio 9 de Julio, el Poder Judicial llamó a licitación pública para la “refuncionalización” de la Etapa 1 de dicho lugar. En el 2025, se concretaría la esperada mudanza y es por ello que se deben concretar previamente algunos trabajos de los que se encargará la Corte de Justicia.
El llamado, tramitado por expediente N°151.451, tiene como objeto la obra de refuncionalización del edificio ubicado en avenida José Ignacio de la Roza 423 este. El monto del presupuesto oficial es de $7.986.000.000 (siete mil novecientos ochenta y seis millones).
El plazo de obra es de 365 días corridos. La apertura de las propuestas es el 5 de febrero próximo en el SUM del anexo Jujuy del Poder Judicial.
LA REFUNCIONALIZACIÓN
El edificio 9 de Julio será entregado próximamente al Poder Judicial de manos del Gobierno de San Juan que hizo el trabajo de la obra gruesa de dicho lugar. “Tendremos un Poder Judicial que pueda valerse a sí mismo con edificios propios y dejar muchos de estos inmuebles que tenía alquilados para cumplir con el servicio de justicia”, dijo en rueda de prensa el presidente de la Corte de Justicia, Marcelo Lima.
“La idea es que en febrero nos lo entreguen. Estamos esperando próximamente, que en Diputados se va a sancionar la ley que ratifica la transferencia en forma definitiva. A partir de allí, nos haremos cargo, en febrero por supuesto, de las obras que le corresponden en refuncionalización de la parte de edilicia, porque la obra gruesa ya la ha ejecutado el Gobierno Provincial”, precisó.
Una vez completadas las obras y realizada la reestructuración, el Edificio 9 de Julio albergará los fueros Laboral y de Familia, actualmente ubicados en el Anexo Mitre, y los fueros Civil y de Paz, que actualmente funcionan en el Anexo Jujuy. Este traslado tiene como objetivo aliviar la carga de los edificios en alquiler que el Poder Judicial de San Juan mantiene en estos momentos, conocidos como Anexo Mitre y Anexo Jujuy.
La mudanza al Edificio 9 de Julio se presenta como una “solución transitoria” que permitirá “desalquilar 9 edificios”, generando un ahorro significativo para el presupuesto del Poder Judicial.