En lo que va de este 2025, se registró un récord de amenazas de bomba en San Juan, tanto a escuelas, al Centro Cívico como al Hospital Rawson. Además de sanciones penales, desde Fiscalía de Estado se impulsa que haya penas en lo civil para que se tome conciencia de la gravedad del hecho y cómo se perjudica al Estado y a los sanjuaninos.
El fiscal Sebastián Dávila expresó en radio Mil20 que los protocolos de acción de Bomberos y Policía de San Juan, además de la justicia, “tiene un costo que se determina de acuerdo a la cantidad de efectivos y de movimiento que se genera para prevenir cualquier situación. Todos los llamados se los debe tomar por igual, y con la misma seriedad. Así es que los costos varían según la envergadura que cada amenaza tenga“.
“Más allá del costo de lo que puede implicar un operativo, acá los afectados somos todos; por eso es que intervenimos. El delito es intimidación pública: es algo grave porque la ciudadanía ante este tipo de delitos no se ve segura. De alguna manera tenemos que poner el foco en ello y tratar de buscar las distintas alternativas para darle una solución. Lo aplicado no estaba resultando porque se estuvieron repitiendo“, señaló.
Agregó que, por ello, están buscando distintas alternativas para frenar esas amenazas.
“En el caso de los menores que realizan ese tipo de llamadas, ya como un chiste o lo que fuere, no dimensionan la gravedad del asunto. Aunque haya condiciones de inimputabilidad, de alguna manera nosotros tenemos que buscarle la forma de dar un freno a esto. Estamos evaluando ir con acciones civiles porque a ese menor alguien le dio el celular. Entonces, se tendrá que hacer responsable esa persona, que generalmente serán los padres“, remarcó.
Agregó que se encarará “un desarrollo un poco más social. Es decir que veamos y focalicemos qué es lo que sucede en esa familia, como para que un menor haga ese tipo de llamadas y no se está dando cuenta de lo que está haciendo”.
Además, marcó que hay avances en trabajo interdisciplinario para que “a corto plazo, buscamos poner un freno de alguna manera para que esto deje de suceder y a largo plazo, con un protocolo”.
El fiscal destacó el rol que podría tener la Dirección de Niñez: “tenemos que evaluar que un niño que hace ese tipo de llamadas y de cosas, algo debe estar sucediendo. El Estado se tiene que abocar a ver qué es lo que sucede y tratar de prevenir que esto no no suceda más. El daño causado no se circunscribe solamente a cubrir el costo de un operativo que tiene por protocolo la policía de San Juan, porque hay daños de otro de otro estilo. Esto es, generar una sensación de inseguridad y daños por la paralización de la actividad normal que está en un colegio o en algún lugar público”.
Amenaza de bomba al recital de Lali
El fiscal reafirmó que presentaron un recurso por estar en desacuerdo con la condena penal a Juan Carlos Salem, el adulto mayor que hizo el llamado intimidatorio para que se suspendiera el concierto de Lali. Su llamado llevó a evacuar el estadio Aldo Cantoni.
“No estuvimos de acuerdo y por eso, es que hemos presentado un recurso de impugnación, para que el tribunal de impugnación revise, según nuestra mirada el acuerdo al que se llegó. Sostenemos que el contenido de la amenaza, más allá del contexto lógicamente que era un recital de un artista convocante, era grave. Por otro lado, además, cuando se le hizo el allanamiento le encontraron un arma. Entonces, las características de de la amenaza propiamente dicha más lo que se le encontró en su domicilio, creemos que era objeto de un castigo mayor“, resaltó.
Agregó que, en el caso de Salem, “el proceso penal se acordó con una condena y hubo una reparación simbólica mucho menor que en los otros casos. Entonces acá nosotros puntualizamos en que la condena debió ser mayor y por ahí efectiva. Sabemos que es una persona de edad mayor pero tiene un teléfono y hace ese tipo de actos. Eso es condenable”.
En ello, explicó que se le dará parte de esto al Ministerio Público Fiscal y a la defensa de Salem.
