Desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de San Juan, advirtieron un importante aumento en el uso de medios electrónicos para el pago de las cuotas. Pese a esto confirmaron que el nivel de deuda de las familias se mantiene en una constante histórica entre el 50 y el 60%, que, si bien es bastante alta, no empeoró por la crisis económica del país.
“El recupero se ha mantenido en una constante desde que hemos asumido, e históricamente se sigue manteniendo. A pesar de la situación que hoy se vive, el pago no ha bajado”, dijo Elina Peralta, directora del IPV, a Diario La Provincia SJ.
Sin embargo, se notó otra predisposición de la gente a cumplir con su obligación a partir de una acción concreta del instituto: “Sí, hemos notado que la gente se ha mostrado interesada en pagar porque hemos llevado a su casa la comodidad”.
Al respecto, agregó: “Hemos empezado con el IPV, realizando operativos propios y ministeriales en los departamentos alejados, con todo el equipo administrativo para hacer pagos, actualización de información y resoluciones que necesitan copias”.
Han estado en Iglesia y está en los planes Calingasta, “vamos a los departamentos cuando hay alguna problemática puntual con un barrio y de paso se aprovecha para que la gente se acerque por cualquier di duda que necesitan”.
Entre las problemáticas mencionó la morosidad, planes de pago, “a veces hay dudas sobre la situación de las casas por filtraciones, como todavía está en garantía la empresa está arreglando las viviendas”.
En este sentido, adelantó: “Estamos por incorporar, por medio del ciudadano digital, una aplicación donde puedes seleccionar la morosidad que tienes y vas pagando las boletas que quedan”.
La morosidad es uno de los principales problemas. “Lo que hemos estado haciendo es presentarle una notificación recordándole que es una obligación el pago y su falta es causal de revocación”, expresó la entrevistada.
En cuanto a las revocaciones, es decir, la devolución de las casas que no están habitadas, dijo: “La estamos haciendo en las casas que vemos que están desocupadas, pero no es algo que sea instantáneo, pasa por un proceso legal”. Son los propios vecinos los que muchas veces hacen las denuncias paro también desde el IPV, permanentemente salimos, vamos por los departamentos para hacer un sondeo”.
“Las familias hacen un recurso y que la revocación sea efectiva puede demorar. Cuando detectamos que una vivienda está desocupada, empezamos a aplicar el proceso”, agregó. También se trabaja con la parte social ya que algunas familias manifiestan no poder afrontar la deuda, “se extiende el tiempo de pago de 30 a 40 años”.