El Registro Único Provincial de Verificación de Autopartes Automotor (RUPVAA), dependiente de la Secretaría de Seguridad de San Juan, se consolidó como la herramienta central para frenar el ingreso y la circulación de vehículos adulterados en la provincia.
Según detalló su director, Rolando Díaz, en promedio se secuestran entre 30 y 35 rodados adulterados por año en las dos plantas habilitadas. “Estamos hablando solo de los casos detectados en planta. A eso hay que sumarle los operativos en la calle y los allanamientos en desarmaderos, que realiza la Policía por su cuenta”, aclaró a Diario La Provincia SJ.
El dato más llamativo es la paridad entre los tipos de vehículos secuestrados: la mitad son autos de alta gama, principalmente camionetas 4×4 y vehículos costosos, y la otra mitad corresponde a motos 110 cc, las más fáciles de adulterar y revender. “En el caso de las motos, Mendoza es la provincia de origen más habitual; en el de los autos, Córdoba encabeza la lista”, precisó Díaz. Esto muestra que el delito se desplaza entre jurisdicciones: “los autos y motos robados en otras provincias suelen comercializarse en mercados lejanos para dificultar su rastreo”.
Desde 2018 está vigente en San Juan la Ley 1707C, que obliga al grabado de autopartes y motopartes. En las plantas verificadoras se estampa en las cuatro puertas, el baúl y el capó el número de dominio del vehículo, y también se graban los cristales. “Esto permite una trazabilidad que nos facilita detectar piezas robadas cuando intentan volver al mercado o incorporarse a otro vehículo”, explicó el funcionario.
Díaz diferenció dos escenarios frecuentes: por un lado, los autos mellizos completamente adulterados, que buscan simular la identidad de otro rodado; por el otro, las autopartes robadas adquiridas por compradores de buena fe. “En el primer caso se inicia una causa y se secuestra el vehículo. En el segundo, verificamos la procedencia de la pieza, que puede provenir de un desarmadero habilitado o de un auto dado de baja con recupero de autopartes”, indicó.
El director insistió en la recomendación que su área repite en cada nota: “Antes de comprar un vehículo usado, hay que hacer la verificación policial, sobre todo si proviene de otra provincia. Es la única manera de asegurarse que la documentación coincide con el vehículo y evitar dolores de cabeza”. En muchos casos, los compradores se enteran recién en la planta verificadora de que su auto o moto tienen pedido de secuestro o son mellizos, con el consiguiente perjuicio económico.
A cinco años de la puesta en marcha del sistema, (RUPVAA) no solo secuestra rodados adulterados sino que ha logrado devolver vehículos a sus dueños originales o a las aseguradoras que ya habían pagado el siniestro.
Para Díaz, el grabado obligatorio y la verificación previa son hoy las principales barreras contra el mercado ilegal de autopartes y motopartes en San Juan.
Datos Clave
- 30 a 35 rodados adulterados secuestrados por año en plantas verificadoras
- 50% motos 110 cc y 50% autos de alta gama
- Córdoba y Mendoza, principales provincias de origen
- Grabado obligatorio de autopartes y motopartes desde 2018
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