La Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino (ACCODEPAS) advirtió con preocupación que la reciente autorización para demoler el histórico Templo de Nuestra Señora de las Mercedes de Jáchal podría sentar un precedente peligroso para otras construcciones patrimoniales en la provincia, como el conjunto arquitectónico integrado por el ex convento de las Vicentinas, ex asilo de mendigos y ancianos y oratorio de la misericordia, que se conocen como Ruinas de Trinidad, ubicado en Capital y cerrado desde hace décadas.
La demolición de la iglesia jachallera, una joya del siglo XIX inaugurada en 1886, fue avalada por el INPRES, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el Ministerio de Infraestructura provincial, tras considerar que los daños estructurales provocados por el terremoto de 2021 la dejaron “irrecuperable”.
Sin embargo, desde ACCODEPAS cuestionan la legitimidad técnica y legal del dictamen. “Repudiamos totalmente el dictamen de INPRES. No tienen la facultad ni son organismos competentes para decidir si un edificio se puede derrumbar o no. Esto le corresponde a la Dirección de Patrimonio y al Consejo de Patrimonio, como establece la ley vigente”, expresó el arquitecto Leonardo Correa, tesorero de la organización, a Diario La Provincia SJ.
El temor de un efecto dominó sobre el patrimonio en tierra
Correa remarcó que decisiones como la de Jáchal podrían abrir la puerta a que otras estructuras de gran valor patrimonial sean también derribadas, sin el debido proceso técnico ni consulta a los organismos pertinentes.
“Nos preocupa que se repita el mismo camino con el conjunto arquitectónico del ex templo de Trinidad. Es una estructura histórica de adobe, cerrada desde hace años, y sin intervención real. Si se naturaliza esta práctica de demoler sin estudios serios, todas estas construcciones corren peligro”, advirtió el arquitecto.
El complejo de la Trinidad, ubicado en calles Pedro de Valdivia y General Acha, se remonta a 1920 e incluye el oratorio, el ex convento, la capilla, el asilo de ancianos y otras dependencias que reflejan un pasado social y religioso clave para la historia sanjuanina. Para ACCODEPAS, este tipo de bienes son símbolos culturales transversales, no meramente religiosos.
“Estamos hablando de espacios que forman parte de la historia afectiva, cultural y hasta sanitaria de la provincia. No se puede decidir sobre su destino de manera unilateral y técnica, sin contemplar su valor simbólico y sin participación patrimonialista”, expresó Correa.
El análisis puesto en duda
Según ACCODEPAS, el dictamen que avaló la demolición en Jáchal se basó en un análisis superficial y sin abordaje patrimonial serio. “Las grietas verticales que observaron no justifican una demolición. En construcciones de adobe, las patologías realmente graves son otras, como las grietas a 35 grados, que no se detectaron”, explicó Correa.
Además, señaló la falta de un código sismo-resistente adaptado a construcciones en tierra en San Juan, lo que genera que los dictámenes de organismos como INPRES o Planeamiento tiendan a optar por la demolición en vez de la conservación.
“Se aplican elementos del código de Nueva Zelanda, pero no se adapta la parte de adobe. ¿Por qué siempre se margina la arquitectura en tierra, si justamente es parte de nuestra identidad histórica? Tenemos normas como la Peruana E-80 que podrían aplicarse, pero no hay voluntad política”, remarcó.
Una “salvajada patrimonial” y la exigencia de cumplir la ley
Desde ACCODEPAS califican la demolición del templo de Jáchal como una “salvajada patrimonial” y alertan que la falta de intervención del Consejo de Patrimonio y la Dirección de Patrimonio sienta un precedente alarmante.
“No estamos en contra de la ingeniería, ni del urbanismo. Estamos a favor del patrimonio, y lo mínimo que exigimos es que se cumpla la ley. No puede seguir decidiendo un solo organismo técnico. La memoria de San Juan no se puede borrar con una topadora”, finalizó Correa.
La organización está preparando una presentación formal ante el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes para frenar este tipo de decisiones unilaterales y exigir que se respeten los procedimientos establecidos por la legislación provincial en materia patrimonial.
