La Policía realizó siete allanamientos simultáneos en distintos puntos del Gran Mendoza en el marco de una causa por presuntas estafas vinculadas a inversiones en dólares, que tiene como principal investigado a un abogado junto a sus socios.
Los procedimientos fueron llevados adelante por la División Delitos Económicos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, por orden de la Fiscalía de Instrucción 15. Las medidas se concretaron en oficinas del microcentro y en domicilios ubicados en Ciudad, Las Heras, Maipú y Godoy Cruz.
Secuestro de dinero y pruebas clave
Como resultado de los operativos, los efectivos secuestraron más de 50.000 dólares y cerca de un millón de pesos argentinos en efectivo, además de seis cheques y documentación considerada relevante para la causa.
También incautaron una importante cantidad de dispositivos electrónicos, entre ellos computadoras, notebooks, tablets, teléfonos celulares, discos rígidos, un dispositivo de billetera virtual y un sistema DVR de videovigilancia.
Todo el material será sometido a peritajes con el objetivo de reconstruir la operatoria investigada y determinar el alcance del presunto fraude.
Promesas de ganancias que no se cumplieron
La causa se inició tras denuncias de víctimas que aseguran haber sido captadas mediante propuestas de inversión con promesas de alta rentabilidad, que luego no se concretaron en los términos acordados.
Según la investigación, el esquema ofrecía rendimientos del 2,5% mensual en dólares, cifras muy por encima del mercado, lo que generó confianza en los inversores.
Un posible esquema Ponzi
Los investigadores sostienen que el sistema habría funcionado en un inicio, incluso con pagos que reforzaban la credibilidad, pero a comienzos de 2025 comenzaron los incumplimientos, lo que encendió las alertas.
Se estima que hay entre 20 y 50 damnificados que reclaman al menos 500.000 dólares, lo que ubica a la causa como una de las más relevantes en materia de delitos económicos en la provincia.
Imputados y medidas judiciales
El abogado Iván Yoma y sus socios Pablo Falco y Rodrigo López Casado fueron imputados por el delito de estafas genéricas por el fiscal de Delitos Económicos, Hernán Ríos.
Los acusados no quedaron detenidos, pero deberán cumplir una serie de medidas judiciales, entre ellas el pago de una fianza, la entrega de sus pasaportes y la obligación de permanecer a disposición de la Justicia.
Investigación en curso
Con el avance de la causa, los especialistas continúan analizando la documentación y los dispositivos secuestrados para determinar con precisión cómo operaba el presunto esquema fraudulento y establecer las responsabilidades correspondientes.
Con información de Diario Los Andes.
