La construcción de la nueva EPET N°4 en la esquina de España y 9 de Julio, en la ciudad de San Juan, volvió a poner en debate la conservación del patrimonio arquitectónico local. El edificio que funcionó anteriormente como aserradero, y que presenta una estructura de adobe, fue señalado por algunos sectores como potencial bien patrimonial. Sin embargo, la directora de Patrimonio de la Provincia, Gladys González, fue clara: “no todo lo de adobe debe ser declarado patrimonio“.
En diálogo con Diario La Provincia SJ, González explicó que para que un inmueble sea considerado patrimonio no alcanza con que sea antiguo o esté construido con adobe. “Tiene que tener fundamentos históricos, estar vinculado a la cultura o historia de la provincia“, remarcó. Y agregó que, por el momento, ese lugar no fue relevado ni se encuentra en agenda prioritaria para su evaluación patrimonial.
“Decir que eso tiene que ser declarado patrimonio es algo muy a la ligera. Que sea de adobe no es suficiente. Debe tener un valor real, histórico, cultural y ser reconocido por la población”, enfatizó la funcionaria.
Actualmente, no hay un proyecto declarado oficialmente sobre cómo se utilizará esa esquina en particular, aunque se sabe que en el terreno general se desarrolla la obra de la nueva escuela técnica. González aclaró que el relevamiento se realizaría si lo solicita la empresa encargada de la construcción, pero eso no implica su posterior protección como patrimonio.
Como alternativa, la directora de Patrimonio propuso medidas más simbólicas para conservar la memoria del lugar, como realizar un registro fotográfico del edificio antes de avanzar con la obra y colocar un cartel informativo con un código QR que explique qué funcionaba allí anteriormente. “Se pueden aplicar estrategias que permitan preservar la historia de manera digital o simbólica, sin necesidad de declarar patrimonio”, sostuvo.
Finalmente, la funcionaria reiteró que la prioridad actual está puesta en otras intervenciones, y que la esquina de España y 9 de Julio no está siendo evaluada como bien patrimonial por el momento. La postura oficial apunta a evitar que todo inmueble antiguo sea protegido automáticamente, priorizando aquellos que realmente representen un valor histórico para la comunidad.
